Los 65 metros de eslora del OCT Challenger alcanzaron la zona internacional del Puerto de Almería rodeados de agentes de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. El buque de bandera finlandesa marcaba un hito en la provincia con un alijo de cocaína de tres toneladas y abría, allá por el año 2007, una larga letanía de buques de gran porte abandonados en estas orillas.
Actualmente cinco naves agonizan en el Puerto de Almería convertidas en chatarras a flote a la espera de la solución del procedimiento administrativo. Sin noticias de los armadores, sin tripulación a la vista o con las amarras de procesos judiciales abiertos, las embarcaciones se amontonan en el Muelle de Levante. El OCT Challenger es el más antiguo y el primero en salir de esta situación. Tras un largo proceso de subastas, el año pasado una empresa gaditana dedicada al desguace de grandes buques compró la nave de la cocaína. Pasaron casi seis años desde el día de su captura.
Ese parece el mismo destino que sus cinco "compañeros" de viaje. Desde 2012 han quedado abandonados el ferry Berkane (cubría las conexiones con Nador), el mercante Theodoros-Barbosa (50 años de vida), el MoonLight (cazado con 18 toneladas de hachís), el Berk Kaptan (pesquero localizado con 12 toneladas de hachís) y un buque egipcio (el último, llegado el pasado viernes con 13 toneladas de hachís).
Todos viven, en distintas fases, el proceso administrativo para su salida a subasta porque no hay rastro de sus armadores. Es un camino largo y complejo, más aún cuando se trata de asuntos judicializados. El Puerto de Almería almacena en sus muelles las naves abandonadas, de acuerdo a la ley, pero necesita que los jueces desbloqueen el barco para poder iniciar las subastas.
Los problemas
Precisamente para acelerar este protocolo el Ministerio de Fomento, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia han firmado un convenio para acelerar las ventas de estos bienes decomisados antes, incluso, de que haya una sentencia firme sobre el caso.
El asunto es muy importante para la gestión portuaria porque los barcos, de gran porte, ocupan espacio en los muelles, requieren cuidados básicos y exigen medidas de seguridad. Sirva de ejemplo el “ataque” sufrido por el ferry Berkane hace un mes, cuando un joven se introdujo en el interior y soltó una parte de sus amarres, o el caso del Barbosa, a punto de hundirse por su avanzado estado de deterioro.
Firmado un convenio para acelerar las ventas
El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Fomento y la Fiscalía General del Estado han firmado un convenio para facilitar la venta de buques, barcos y otras embarcaciones intervenidas en procesos de tráfico de drogas o blanqueo de capitales antes, incluso, de que los jueces dicten sentencia firme en los procedimientos.
El convenio suscrito pretende responder a la “problemática” surgida en la Administración de Justicia cuando la persecución de delitos contra la salud pública conlleva la incautación judicial de importantes cantidades de droga y la aprehensión de medios de transporte, fundamentalmente barcos y otras embarcaciones, empleados en su tráfico ilícito, que en muchas ocasiones acaban deteriorándose. Además, aliviará la situación de los puertos.
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