Juzgan este lunes a exviceconsejero de Medio Ambiente por parar la obra de un hotel en Cabo de Gatacom n

Juan Jesús Jiménez se enfrenta a una pena de siete años de inhabilitación

Foto de archivo del exconsejero en una visita a Almería.e;clip:
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Europa Press
13:19 • 11 may. 2014

El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería acoge este lunes la vista oral contra el exviceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía Juan Jesús Jiménez a quien se acusa de presunta prevaricación por ordenar la paralización en junio de 2010 de los trabajos previos para construir un hotel de 50 habitaciones en el paraje Campillo de Gata, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

Jiménez se sentará en el banquillo junto al exsecretario general de la Delegación de Medio Ambiente Augusto Ignacio Segura, para quienes la acusación particular ejercida por la mercantil ´Círculo Agroambiental´ interesa penas de siete y de diez años de inhabilitación respectivamente, según han indicado a fuentes jurídicas. El Ministerio Público pidió el sobreseimiento de las actuaciones aunque el Juzgado de Instrucción número 2 ordenó la apertura de juicio oral.

El citado auto les imputa la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa tipificada en el artículo 404 del Código Penal. La acusación particular pide para el ex alto cargo la mínima de inhabilitación especial para empleo o cargo público prevista para esta conducta mientras que para el exsecretario solicita la pena máxima ya que, según subraya, firmó dos resoluciones, una contra los trabajos de desmonte en la zona, y otra para incoar expediente sancionador, que podrían ser contrarias a derecho.

La causa fue incoada a raíz de la querella interpuesta por la mercantil, a la que el Tribunal Supremo (TS) dio la razón en una sentencia dictada en mayo de 2010 al avalar la licencia municipal de obras concedida por el Ayuntamiento de Níjar en 2003 para la construcción de un hotel en Campillo de Gata, en la barriada de Pujaire, en pleno parque natural de Cabo de Gata Níjar. La Junta alegó entonces para justificar su paralización que el proyecto vulneraba la normativa referente a los espacios protegidos de la comunidad por carecer de autorización ambiental unificada.











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