Una minuciosa, sistemática y compleja ingeniería financiera, societaria y contable para presuntamente defraudar a la Hacienda pública y para poner a buen recaudo, fuera del alcance del fisco, gran parte del patrimonio embargable.
Así describe la investigación oficial del caso Rifá el procedimiento por el cual el conocido empresario catalán afincado en Almería habría estado presuntamente vaciando desde el año 2008 sus empresas radicadas en la provincia (Hotel Almería y Predios del Sureste como buques insignia) para no responder a una deuda acumulada de más de 130 millones de euros por impago de impuestos. Los bienes alzados, de una cuantía millonaria, estarían a nombre de sociedades del propio Rifá en el extranjero, según apuntan los informes que obran en el sumario.
Ejecutado en varios años
Las conclusiones de Hacienda son meridianas: de acuerdo con sus apreciaciones, la actividad fraudulenta del empresario no sería fruto de las dificultades económicas sino, bien al contrario, resultado de “un plan preconcebido” presuntamente ejecutado por Rifá y un puñado de testaferros a lo largo de varios años para no pagar las deudas tributarias y para apropiarse de dinero público de IVA pagado por terceros. “Nos encontramos ante un defraudador de varios impuestos y en cuantías muy altas”, señalan las diligencias, en las que también se subraya que “no puede alegar falta de liquidez para no pagar porque se ha demostrado que se lleva el dinero al extranjero”.
Sin declarar ante la juez El caso está en investigación judicial desde mayo de 2012. En el mes de julio de ese año, agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Inspección de la Agencia Tributaria con apoyo de la Guardia Civil registraron las oficinas de la entonces cabecera del grupo, Citymar, en Roquetas en la denominada Operación Hostelero, y se incautaron de abundante documentación que ha aportado valiosos datos a la investigación.
Miguel Rifá ha sido citado hasta en tres ocasiones a declarar por la titular del Juzgado de Instrucción número 3, Ana Belén Vico, la última de ellas hace dos semanas, sin que hasta ahora haya respondido a las preguntas de la instructora por sucesivos aplazamientos o –como ha ocurrido la última vez- por alegaciones de la defensa. Al empresario hotelero se le imputan presuntos delitos contra la Hacienda pública y alzamiento de bienes (insolvencia punible). Como medida cautelar, la juez le ha impuesto una fianza de 2,4 millones de euros.
Según la documentación que obra en las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, la deuda de Miguel Rifá con Hacienda alcanzaría a fecha de abril de 2013 (cuando se presentó el concurso de acreedores) 134 millones de euros por no haber cumplido con sus obligaciones tributarias. Una abultada cantidad que le convierte, a día de hoy, en el presunto mayor defraudador tras cuyos pasos va la Agencia Tributaria en Almería.
En esa cifra se incluyen IVA, impuesto de sociedades, impuesto de transmisiones, IRPF y otros tributos, además de acumulación de sanciones. Unas deudas que habría ido generando Miguel Rifá con las sociedades de su grupo -Gran Hotel Almería, Predios del Sureste, Vosges, Goprosguin o Gestinor.
La Agencia Tributaria ha realizado a lo largo de estos años una ardua labor administrativa para intentar cobrar el importe de las deudas contraídas por las sociedades del empresario catalán por la vía ejecutiva, labor que siempre resultó infructuosa.
Vaciamiento patrimonial
Hacienda no solo acusa a Rifá de fraude masivo y continuado . También le atribuye paralelamente una intensa y premeditada actividad de vaciamiento patrimonial, presuntamente desplegada entre los años 2008 y 2011, con objeto de, presuntamente, ocultar los bienes de sus sociedades endeudadas para evitar el embargo [en todo caso los más valiosos, puesto que otros sí han sido embargados]. Los informes periciales en poder del juzgado son rotundos. “Llegar al fondo es complejo porque ha existido voluntad clara de engaño, de simulación de operaciones y de ocultación de la propiedad y de los bienes”, señala uno de los que constan en el sumario.
A pesar de esa complejidad, tanto el Servicio de Vigilancia Aduanera como la Inspección de la Agencia Tributaria han realizado una exhaustiva labor de rastreo de todas las sociedades para poner al descubierto el entramado e intentar demostrar que, detrás de todas, estaba Miguel Rifá.
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