El Estado pagará 50.000 euros por un accidente con cabras montesas en A7

Iba con la moto, a unos 90 kilómetros por hora, y de repente me encontré a dos cabras enormes que saltaban desde la mediana (...) A la primera de ellas pude esquivarla y de la segunda sólo recuerdo verme ante un lomo gris; choqué y salí despedido tres metros”.

José Manuel J. M. relataba a LA VOZ DE ALMERÍA en junio de 2011 el grave accidente de moto sufrido en la autovía tras impactar con una cabra salvaje suelta en mitad de la carretera, en el kilómetro 444, en la circunvalación de la capital.

Casi cuatro años después del siniestro, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional condena al Ministerio de Fomento a pagar una indemnización de 50.000 euros por una negligencia en las tareas de mantenimiento de la valla de seguridad de la autovía, que permitió que cabras montesas (unos cien kilos) cruzaran la carretera y pusieran en gravísimo peligro a los conductores.

Según la sentencia judicial,  “las cabras montesas accedieron a la vía debido al mal estado de la valla perimetral que delimita la zona de viales”. Los operarios detectaron 50 metros de vallado tirado, que permitía el paso de los animales sin dificultades. “La valla está deteriorada y bajada, por lo que los animales accedieron a la misma por dicho lugar”, añade.

El informe pericial es muy claro al acreditar una falta de diligencia del personal en el mantenimiento de las medidas de seguridad preventivas.  “Se descarta la idea de que entrase por los enlaces”, dice la Audiencia Nacional. Además, se adoptaron soluciones para evitar nuevos incidentes. “Se ha constatado en autos que la administración ha colocado recientemente, en el tramo de la A-7 objeto de autos, una señal P-24 de advertencia de peligro animales sueltos”, recoge la sentencia.
 
Las heridas

El denunciante, representado por el letrado Abel Berbel, llevó el caso a los tribunales después de recibir una resolución negativa de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento. El caso se estudió en la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y un tribunal presidido por el magistrado Fernando Ruiz Piñeiro da la razón al motorista.

La Abogacía del Estado se mostró en contra de la responsabilidad de la Administración, pero el tribunal considera acreditado el fallo en la conservación, “sin que medie fuerza mayor” en el accidente. Así pues, el Estado tendrá que abonar 49.900 euros en concepto de indemnización por daños físicos al conductor y a la motocicleta, así como los intereses legales desde la reclamación en vía administrativa.

La víctima del siniestro sufrió importantes quemaduras y erosiones en las manos, los brazos, las rodillas y la espalada, arrastrándose sobre el asfalto para intentar frenar y evitar un impacto contra los quitamiedos que podrían haber resultado fatales para su integridad. Ahora ve amparada su reclamación.