El veneno de la crisis y el desempleo cala en el sistema judicial y se extiende en procesos laborales, mercantiles, contenciosos y penales. Pocos ámbitos son ajenos a su efecto. Pocas jurisdicciones se salvan de la riada de nuevos asuntos emanados del deterioro económico y la conflictividad aparejada. En la larga lista de daños colaterales de la crisis económica aparecen con fuerza los conflictos familiares. Según datos oficiales de la Fiscalía de Almería, el número de procedimientos penales vinculados a impagos de pensiones vuelve a crecer en la provincia. El incremento interanual entre 2013 y 2014 alcanza el 9,2 por ciento.
En términos absolutos, casi 400 personas acabaron en los tribunales por impago de la manutención (otros 200 asuntos por abandono de familia), pero no en procesos civiles (una reclamación de cantidad o una multa o una revisión de régimen de visitas) sino en juicios penales por delitos castigados incluso con penas de cárcel.
Derechos y deberes Según señala la Fiscalía en su última memoria anual, hecha pública a mediados de septiembre, “como en los últimos años viene sucediendo, siguen aumentando los procedimientos por impago de pensiones, algunos de ellos se tramitan incluso como diligencias Urgentes”.
“Sin duda, el continuo aumento de estos procedimientos tiene su principal causa en la gran recesión económica y que cada año que transcurre acentúa la difícil situación de las familias”, añade la Fiscalía encabezada por Antonio Pérez Gallegos.
Los fiscales alertan de la necesidad de interpretar adecuadamente cada caso para evitar situaciones de indefensión porque, en el contexto actual, muchos acusados tienen voluntad de cumplir con las cláusulas pero, sencillamente, no tienen ingresos para ello. Subraya la Fiscalía “los supuestos de divorcio, separaciones legales o de hecho y supuestos asimilados”.
Y, al mismo tiempo, los jueces deben preservar el derecho de los beneficiarios (mujeres e hijos fundamentalmente) de las pensiones que no se satisfacen y evitar que la crisis puede usarse como excusa o coartada para incumplir.
De hecho, fiscalías como la de Sevilla, califican los impagos como “una modalidad del maltrato doméstico” y llama la atención sobre “el volumen de denuncias presentadas por delito de quebrantamiento de los deberes de custodia” de los hijos.
Jueces de lo Penal Según describe la propia Fiscalía de Almería, los jueces de lo Penal han dado un paso al frente para solucionar esta encrucijada y son cada vez más sensibles a la realidad de los acusados.
“Constatamos como en años anteriores que aumentan el número de sentencias absolutorias dictadas por los Juzgados de lo Penal al apreciarse por el juzgador que el acusado no puede hacer frente a la obligación de contribuir a las cargas familiares al carecer de ingresos y tener una situación económica muy precaria”, explica.
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