Marín aboga por el impulso de la Oficina contra el Fraude

 El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha pedido este jueves, tras la publicación en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) de la Ley contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante, "impulsar" la puesta en marcha de la Oficina contra el fraude adscrita al Parlamento, por cuanto se abre un plazo de tres meses  para nombrar al responsable que dirigirá este organismo adscrito al Parlamento, que deberá ser elegido antes del 1 de octubre.

Marín ha defendido en su comparecencia parlamentaria en comisión que la puesta en marcha de este instrumento supone "un gran paso ante los ciudadanos a la hora de legitimar a las instituciones", según una nota de prensa de la Consejería.

El consejero ha respondido así a una intervención de la parlamentaria popular por Almería Rosalía Espinosa, quien le ha preguntado por los tiempos fijados para la entrada en funcionamiento de esta ley y para el nombramiento del director de la oficina.

Defensa anónima y confidencial Espinosa ha ido más allá al cuestionar si había alguna medida prevista para difundir esta ley entre los ciudadanos y para que "conozcan que tienen un elemento de defensa anónimo y confidencial, de forma que si se observan indicios de delito será la propia Administración la que ponga los hechos en conocimiento de la autoridad judicial". 

"Creo que necesitamos que los andaluces conozcan esta ley, que sepan que van a tener una garantía de que se va a hacer justicia y que los servidores públicos queremos sacar de nuestro lado a los que no quieren servir a los ciudadanos", ha dicho la diputada almeriense, quien ha calificado esta ley como "un hito importante".

 La Ley contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante contempla la creación de esta Oficina, adscrita al Parlamento para garantizar su independencia del Ejecutivo y dirigida por una persona, de reconocido prestigio y experiencia en la materia, que elegirá la Cámara por mayoría cualificada.

 Su mandato será de cinco años improrrogable y deberá rendir cuentas al Parlamento anualmente.

Para el vicepresidente andaluz, la adscripción de la Oficina al Parlamento así como que sean los grupos quienes elijan a la persona encargada de dirigirla es clave para garantizar su independencia del Ejecutivo "porque precisamente se trata de que el Parlamento fiscalice al Gobierno, ya que no tendría sentido que el Gobierno se fiscalizara a sí mismo".

Presupuesto La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local tramita el traspaso a la Cámara de los más de 200.000 euros incluidos en su presupuesto para la puesta en marcha de la Oficina contra el fraude, previsto en las cuentas de 2021 con cargo a esta Consejería "para que el Parlamento pueda hacer su trabajo y en el momento en el que se incorpore el equipo que dirija la Oficina cuente con recursos".

Marín ha pedido a los grupos parlamentarios que "apuesten por esta Oficina" y ha destacado que "los ciudadanos tienen que conocerla porque cualquiera puede denunciar una posible utilización de fondos públicos para situaciones que no sean procedentes".

La Oficina contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante es un instrumento de prevención, investigación y control de la Junta y sus entes instrumentales, de los ayuntamientos, las universidades públicas y órganos de extracción parlamentaria como el Defensor del Pueblo andaluz, además de poder inspeccionar a empresas adjudicatarias de contratos públicos o perceptoras de subvenciones.

Ofrecerá un canal de denuncia a los andaluces, con especial protección a los empleados públicos, a los que garantizará confidencialidad, asesoramiento jurídico y psicológico, y dará la posibilidad de solicitar un traslado de su puesto de trabajo a otro del mismo nivel y condiciones laborales.

Las coacciones a los denunciantes y al personal de la Oficina, que estará integrada por funcionarios de carrera, así como la obstrucción a su labor investigadora, será sancionada con multas de entre 300 y 100.000 euros.

Ante indicios de delito, la Oficina contra el fraude lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía o los órganos judiciales correspondientes.