Hacienda le embarga las cuentas al Puerto de Aguadulce

Qué haría usted si le suben el alquiler de su negocio o la hipoteca de su casa un 700%. Eso es lo que le viene ocurriendo desde hace una década a los puertos deportivos almerienses de gestión indirecta -Aguadulce, Almerimar y San José- que acumulan una maraña de pleitos con la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), órgano dependiente de la Consejería de Fomento, por el incremento del canon anual “que en algunos casos ha llegado al 2.500”, explica el letrado de las empresas de explotación.

El último capítulo de este desencuentro jurídico, que ha llegado hasta al Supremo, ha tenido como protagonista al Puerto Deportivo de Aguadulce que sufre un embargo en sus cuentas por orden de la Agencia Tributaria desde hace un semestre.

La historia de este contencioso, que afecta a 16 puertos privados de Andalucía, arranca en 2004 cuando la Junta de Andalucía publica un Decreto por el que actualiza el canon anual que pagan los puertos deportivos, por encima de lo estipulado en el contrato de concesión, en algunos casos firmados cuando aún no se había realizado la transferencia de competencias del antiguo Ministerio de Obras Públicas  a la administración autonómica, que se realizó en torno a 1984.

El Decreto empezó a aplicarse a partir de 2006 y supuso que un puerto como el de Almerimar  pasara a pagar de  80.000 euros anuales a 500.000. En esa época de bonanza económica y de demanda de amarres con una industria náutica en ebullición, la Junta de Andalucía entendía que las sociedades de gestión privada pagaban muy poco por el espacio ocupado en comparación con los pingües beneficios que estaban obteniendo.

Cobros al contado
De hecho, en un principio, las empresas no repercutieron la ingente subida amparados por el colchón  de un óptimo resultado de explotación. Sin embargo, la caída de la demanda y el aumento de amarres en puertos de gestión directa de la Junta, ha provocado que en los últimos años ese dorado negocio haya ido sucumbiendo.

Ginés Alonso, gerente del Puerto de Aguadulce, explica que “nos han cambiado las reglas de juego y eso no es justo, tenemos las cuentas embargados, porque hemos decidido no pagar, y nos sostenemos porque hemos decidido cobrar al contado”.

En el caso de Almerimar, ha salvado el embargo presentando aval bancario y suspendiendo la ejecución del embargo preventivo.  San José ha preferido consignar las cantidades en el juzgado y recurrir cada uno de los cobros del canon de la Junta de Andalucía.

2.200 amarres están en el ojo del huracán
Los puertos de Aguadulce (850 amarres, Almerimar (1.100 amarres) y San José (244) fueron construidos con financiación privada a cambio de una concesión administrativa por 50 años a mediados de los años 80 y con un canon anual establecido inferior a 100.000. Ahora se acercan a los 500.000, “sin que haya habido ninguna explicación”, señala el gerente de Aguadulce”. El Supremo, después de nueve años de pleitos, tumbó en 2015 el Decreto de 2004 de la Junta de Andalucía y declarando no ajustados a derecho los cánones aplicados hasta 2013. La Junta ha vuelto a publicar otro con la misma vocación aunque rebajando discretamente las tasas. Sin embargo, a pesar de que hay una negociación abierta, los empresarios de los tres puertos, van a seguir recurriendo porque lo consideran una desproporción.