Más de mil familias almerienses, una década después del inicio del conflicto, siguen atrapadas en el laberinto del negocio de las placas solares. Ayer, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica celebró una jornada en Almería que contó con medio centenar de damnificados.
La reducción de las primas a las instalaciones de energías renovables, primero con el Gobierno Zapatero, y después con el de Mariano Rajoy, ha colocado en un callejón a pequeños y medianos inversores de toda España, que vieron cómo se cambiaban las reglas del juego después de tener la inversión en marcha. Uno de los intervinientes invitados al acto de ayer fue José Luis Sánchez Teruel, secretario general del PSOE en Almería quien indicó que “en Almería hay 1.600 familias afectadas que son 1.600 dramas por la reforma de la normativa, con pérdidas de entre el 20 y el 50% y que están pidiendo que se les escuche y se les compense por esos recortes”.
Sánchez Teruel matizó que “fue el Gobierno de Zapatero quien hizo el primer cambio, pero compensó la reducción con una ampliación de los años de aplicación de la prima a renovables, pero el PP vino después y la redujo aún más ya sin compensar nada y aplicando un 7% de impuesto por producir energías limpias”.
Existe ya jurisprudencia europea que ha obligado al Gobierno español a pagar daños y perjuicios a grandes grupos internacionales.
En la actualidad, el pleito ha llegado al Supremo y miles de empresarios almerienses están a la espera de una resolución que puede ser multimillonaria. Los empresarios fotovoltaicos expresaron su deseo de que el Gobierno les escuche al menos y que les garantice que no habrá nuevos recortes a las bonificaciones a partir de 2020.
Intervinieron también en el acto desarrollado en la sede de Asempal y la Cámara de Comercio, el presidente de Anpier, Miguel Angel Martínez-Aroca y el delegado andaluz, Miguel Carra.
Martínez-Aroca ha declarado que “las horas de sol de estos territorios son un activo irrenunciable para paliar las altas tasas de desempleo y los bajos niveles de renta” y ha denunciado que “el marco normativo actual entorpece cualquier modalidad de autoconsumo y veta a las iniciativas sociales el acceso a la generación para suministro a red, de tal forma que el recurso sol queda en manos de grandes fondos internacionales, como otrora quedó en manos de potencias extranjeras la riqueza mineral de nuestro subsuelo”. Los recortes de tarifa regulada han sido de hasta el 50% en estos años.
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