Las organizaciones agrarias Coag y UPA se reunían ayer con parlamentarios del PSOE de Almería para establecer las bases de las que serán las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que, y en eso coinciden todas las partes, deja de lado al sector agrario y deja sin respaldo a las políticas destinadas al campo.
Del análisis de la propuesta de Presupuesto presentada por el Gobierno se desprenden tres cuestiones que, a juicio de socialistas y agricultores, suponen nuevos pasos atrás en el respaldo a la agricultura: los recortes en las ayudas destinadas a los seguros agrarios, la nula dotación para políticas de desarrollo rural y el ‘olvido’ de las políticas del agua, ya que ni contemplan la mayor parte de las obras pendientes de ejecución ni consigna partida presupuestaria para hacer frente a la anunciada y aprobada rebaja del precio para el agua desalada.
Las enmiendas
Así las cosas, el secretario provincial del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, anunciaba ayer las enmiendas que su partido llevará al debate de los Presupuestos Generales del Estado en materia de agricultura. Entre ellas, la petición de 63 millones de euros para ampliar la bonificación de los seguros agrarios, de otros 11 millones para garantizar un precio máximo para el agua desalada de 30 céntimos por metro cúbico, 150 millones más para recuperar las ayudas del desarrollo rural y 8 millones para ayudar a las áreas de influencia de los parques nacionales.
Y tanto el PSOE como las organizaciones agrarias recordaban que no se trata de introducir cambios en la política, sino que todas esas medidas están respaldadas por distintas leyes aprobadas por las Cortes, “aunque el Gobierno las está incumpliendo”, según denunciaba ayer Sánchez Teruel tras la reunión.
Compromiso legal
La exigencia desde Almería se limita a pedir que se cumplan esas leyes, que obligan al Gobierno a dotar con partidas suficientes en los PGE de este año 2018. Se quejan de que en los últimos años se ha recudido de una forma importante el peso del Ministerio de Agricultura en los Presupuestos hasta perder prácticamente un tercio, “lo que supone una reducción terrible para una provincia como la de Almería, que es sobre todo agricultura.
Los números cantan e indican que en el Plan de Seguros Agrarios se ha pasado de 280 millones a apenas 200 en los años más duros de la crisis, una merma sensible cuando se insiste a los agricultores en que contraten esos seguros para asegurar sus rentas. Peor aún es el caso de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, que acumula 7 años sin partida alguna.
Agricultores
Para las organizaciones agrarias la escasa dotación es “una prueba de la miopía del Gobierno hacia la agricultura y, más aún, el establecimiento de una política que trata de privatizar segmentos que deben ser públicos como los seguros o la gestión del agua”, afirma Andrés Góngora.
Para José Luis Delgado, de Upa. la cuestión está clara, “si aparece una ley, debe ser de pleno cumplimiento y disponer de presupuesto”.
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