Sacyr se adjudica la reparación de la Desaladora de Cuevas del Almanzora

Sacyr se ha adjudicado por 16 millones de euros el contrato para la redacción del proyecto constructivo, ejecución de las obras de reparación y posterior puesta en marcha de la planta desaladora del Bajo Almanzora, entre Palomares y Villaricos, tal como adelantó este periódico en su edición del pasado 20 de enero. Esta adjudicación se produce 18 días después de que la propia Acuamed contratara parte de estos trabajos a la empresa Construcciones Alpi por 5,5 millones de euros.

Acuamed no ha aclarado si se trata de los mismos trabajos y si ambas firmas van a colaborar en la recuperación de esta deseada obra hidráulica en el municipio de Cuevas del Almanzora, en el Levante almeriense. 

Se trata de una instalación que FCC concluyó en 2012 y que quedó arrasada por la riada del día de San Wenceslao al haberse construido en una zona cercana a una rambla. Desde entonces, durante estos diez últimos años, para los regantes ha sido como tener un coche averiado y dejarlo diez años encerrado en el garaje sin arreglarlo; desde entonces ha permanecido en el dique seco hurtando litros y litros de agua a los regantes. Entre medias, la instalación se ha visto salpicada como uno de los monumentos al despilfarro y a los sobrecostes dentro de la denominada ‘Operación Frontino’, que puso contra las cuerdas a la cúpula directiva de Acuamed. Ahora, esta misma empresa, una década entera después, ha adjudicado a Sacyr -una de las principales constructoras del AVE Murcia-Almería, que cuenta como accionista al magnate de origen almeriense Manuel Lao- la reparación y puesta en marcha de la controvertida desaladora almeriense.

El Consejo de la sociedad estatal Acuamed ha adjudicado las obras a Sacyr por un presupuesto de 16 millones de euros. La polémica desaladora fue construida y entregada al cliente en 2011 por una Unión Temporal de Empresas liderada por FCC, del mexicano Carlos Slim y la empresaria Esther Koplowitz, junto a Abengoa, entonces de los hermanos Benjumea.

Durante los años posteriores y tras los daños provocados por las inundaciones Acuamed y la constructora se enfrentaron en la Corte de Arbitraje para ver quién tenía se sufragar los costes del arreglo. Después llegó la actuación de la Fiscalía Anticorrupción incluyendo a la instalación almeriense, esperada como agua de mayor por los agricultores de la comarca, entre las obras incluidas en un supuesto caso de corrupción por sobrecostes, lo que provocó el encarcelamiento provisional de la antigua cúpula de Acuamed y de algunos contratistas.

El presupuesto inicial de la obra era de 80 millones de euros, pero finalmente terminó costando más de 100 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno también tuvo que renunciar a  20 millones de ayudas europeas al haber sido una de las obras salpicadas por la causa penal de la ‘Operación Frontino’.