La Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, acompañada del Delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido han comunicado este 28 de diciembre las nuevas medidas que se tomarán con respecto a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía acompañados de las entidades como son Cruz Roja o Caritas.
Estas medidas se aplican con respecto al decreto ley 14/22 que el pasado 20 de diciembre aprobó el Consejo de Gobierno de Juanma Moreno y que fue publicado el martes 27 de diciembre en el BOJA, en materia de 'renta mínima de inserción social, bono social técnico y de simplificación de los procedimientos de expedición del título de familia numerosa y de atención de las personas con discapacidad en Andalucía'.
Se va a atender con este decreto a más de 7.400 personas en la provincia de Almería. Concretamente serán 4200 personas del ámbito de la discapacidad y 1.200 familias numerosas, además de otras 2.000 familias beneficiarias.
Nuevas medidas
El decreto se centrará en cuatro aspectos de los cuales tres de ellos van dirigidos a beneficio directo para las familias. El cuarto va a estar enfocado a dar cobertura legal a la obligación de las comercializadoras de facilitar los datos de personas beneficiarias del bono social técnico que da la Junta de Andalucía.
Sin embargo, las medidas directas son claras: la renta mínima de inserción social en Almería va a suponer una inversión para un total de 2000 familias beneficiarias aproximadamente. Se pretende ocasionar un aumento de un 45% de la media de esta renta, de manera que la prestación base se va a ver incrementada de 451€ actuales a los 553 €.
Además, esta renta se aumentará en un 30% por miembro de la unidad familiar y un 22% en el caso de las familias monoparentales con miembros con discapacidad. Esto finalmente también ocasionaría un aumento de la cuantía máxima de remisas que actualmente está establecida en 839€ pasando a 1173€.
Desde la Junta de Andalucía han buscado subsanar los problemas ocasionados por pedir el Ingreso Mínimo Vital y La Renta Mínima de Inserción, intentando facilitar el proceso para aquellas familias que soliciten ambos ingresos: “pretendemos poner fin a los reintegros que se producen por el solapamiento de ambas prestaciones, ante el silencio del Gobierno de España de una gestión conjunta del Ingreso Mínimo Vital, y dado que el cobro de ambas prestaciones deriva posteriormente en pagos indebidos que las familias se ven obligadas a reintegrar, algo que en el año 2021 afectó a 715 familias en la provincia” ha subrayado Aránzazu Martín.
Solo serán aceptadas los dos rentas para aquellas personas que se encuentren en situación de emergencia social como son las mujeres víctimas de género o explotación sexual o en caso de pérdida de la vivienda habitual, además de para aquellas personas que se encuentran bajo protección internacional pidiendo reconocimiento de asilo.
Agilización en la burocracia
Uno de los aspectos que más ha destacado la Delegada del Gobierno de la Junta en Almería ha sido la búsqueda de que las medidas que contiene el decreto aceleren la burocracia que gira entorno a los procesos de renovación de títulos de familia numerosa o persona con discapacidad, que se han visto en aumento desde los últimos años. Con la mejora de este proceso las familias no tendrán que renunciar temporalmente a sus derechos y beneficios debido a los largos tiempos de espera, que también se agilizarán.
Se conseguirá a través de la firma de una declaración responsable de manera que en el momento que se presente la solicitud ya la familia podrá disfrutar nuevamente del título. Además se aceptarán todas las solicitudes realizadas hasta el 31 de diciembre de 2022 y se va a ampliar la concesión de renovación. siendo tan solo por cinco o dos años.
Tarjeta acreditativa grado discapacidad
Llevaba sin ser revisada desde 2011 y desde la Junta se ha entendido como necesaria la renovación enfocada directamente a la posibilidad de reducción de trámites. No se tendrá que presentar la solicitud de tarjeta una vez que se obtiene el grado de discapacidad de 33% o superior, yendo ya incluida la tarjeta acreditativa que acortará también los trámites burocráticos. Igualmente se verá reflejado en la tarjeta de aparcamiento para las personas con movilidad reducida.
Este decreto viene a reafirmar ,según destaca Aránzazu Martín, la importancia que la Junta de Andalucía le da a las políticas sociales: “Para nosotros van a ser un pilar básico de una senda que ya empezamos en la anterior legislatura con la ayuda de las distintas aportaciones de las distintas entidades sociales, creando una realidad que principalmente se ve afectada por un escenario tan complicado que tenemos de subida de precios y de suministros básicos".
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