La pesca almeriense se trae de Bruselas una sentencia de muerte lenta

El sector de arrastre almeriense, compuesto por 50 embarcaciones y 200 marineros en la provincia, salva los muebles: los ministros de Pesca de la Unión Europea echan atrás la propuesta heredada del antiguo comisario Virginijus Sinkevicius de recortar a 27 días al año los días de captura, una proposición incompatible con la supervivencia del sector, pero obliga a los armadores del Mediterráneo a tener que implementar medidas onerosas en los aparejos que pueden resultar inviables para la flota sin ayudas públicas. Se trata de una nómina de 12 imposiciones como las puertas voladoras que sustituyan a las tradicionales que surcan el lecho marino (lo que hace que se abran las redes por el fondo del mar), el aumento de la malla de los artes de pesca (que se ha venido realizando ya en los últimos años), la imposición de más periodos de vedas o el cierre temporal de caladeros como el de la merluza o la gamba roja. Los armadores han cifrado el cumplimiento de estas medidas ambientales en unos 70.000 euros por vaca, si se tiene en cuenta que la puerta voladora es una tecnología aún no suficientemente desarrollada por la industria. Los ministros europeos, sin embargo, no han tenido en cuenta que el Mar Mediterráneo es único y no tiene fronteras y que flotas del Norte de Africa, como la de Marruecos y Argelia, han crecido al tiempo que la española ha menguado. Estos arrastreros magrebíes, al no pertenecer a la UE, no tienen la obligación de restringir cuotas ni adaptar aparejos a criterios ambientales, compitiendo con los almerienses y del resto del Mediterráneo sobre el mismo mar en situación de ventaja. "Los peces no entienden de caladeros, ni de fronteras", expresaban representantes españoles del gremio esta semana en la manifestación por las calles de Madrid. De hecho, los barcos de arrastre matriculados en Argelia y Marruecos que calan en aguas del Mediterráneo son 380 frente a los 90 españoles.

El gerente de la Asociación de Armadores de Almería, Asopesca, José María Gallart, ha calificado el acuerdo de "pésimo, muy malo para los barcos almerienses, se ha traspasado la línea roja y no se ha conseguido mantener la cuota que teníamos y el esfuerzo pesquero, se lo dijimos ayer a las dos de la mañana al ministro Planas, aunque él diga lo contrario". Gallart añade en declaraciones a LA VOZ que "hemos hecho números y en la gamba roja perdemos un 10% de esfuerzo pesquero y de días y hay barcos que directamente van a tener que amarrarse". 

El acuerdo, aún no suponiendo una debacle como se temía, deja en el disparadero a un sector muy castigado y enraizado en la economía provincial. Y quedarán afectados también otros segmentos de negocio complementarios como los minoristas, pescaderías, transporte y la hostelería .Lo que ha complicado el debate ha sido esa reducción del esfuerzo pesquero en el Mediterráneo, que según denunciaba el sector era una "sentencia de muerte" para los arrastreros, que en los últimos cinco años ya han soportado un recorte de la actividad del 40%, lo que ha limitado sus días de trabajo a unos 130 al año.

"Las negociaciones han sido largas y complejas sobre el Mediterráneo Occidental", ha reconocido el nuevo comisario de Pesca de la UE, Costas Kadis, en rueda de prensa al término de la reunión, en la que ha explicado que se ha acordado "un mecanismo de compensación ampliado que aliviará el impacto socioeconómico de la reducción del esfuerzo" para el arrastre. "Si se aplican estas medidas, los pescadores podrán pescar casi los mismos días", ha defendido el comisario, que ha indicado a los medios que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha ido "satisfecho".

   "Estas medidas son acumulativas y permitirán aumentar considerablemente el número de días de pesca", ha agregado el político chipriota, que ha ofrecido también la financiación del Fondo de Pesca de la UE para ayudar a la flota a alcanzar estos objetivos. El comisario ha destacado que para él era importante lograr un acuerdo "equilibrado y responsable", por lo que ha hecho "todo lo posible" y ha recurrido a "todas las flexibilidades que permitía el marco jurídico" para garantizar el equilibrio entre las consideraciones sociales, económicas y medioambientales.