Ni las quejas ni la demanda de ayudas, ni las presiones políticas ni la realidad interna del mercado de productos frescos en el propio país han ablandado la posición del Gobierno de Rusia, que ha decidido mantener el veto a las importaciones de productos frescos procedentes de los países de la Unión Europea.
Acaba de cumplirse un año desde que a principios de agosto de 2014 se hiciera efectivo el cierre de fronteras a los productos europeos, y por ende a los almerienses, uno de los principales suministradores de un mercado entonces en claro ascenso como el ruso.
Un aniversario que llega entre cálculos de las pérdidas que ha supuesto y de las repercusiones en la formación de los precios en el resto de los mercados europeos, donde el exceso de oferta ha supuesto un descenso generalizado de cotizaciones de las principales hortalizas.
El hecho es que esas cotizaciones han experimentado un descenso medio que se sitúa en el entorno del 12 al 15 por ciento, aunque algunas organizaciones agrarias lo elevan incluso por encima de esos porcentajes.
Pasado un año, la Junta de Andalucía insistía ayer en su demanda de que las ayudas europeas para compensar ese veto lleguen a más productos, entre ellos el calabacín o la berenjena, hasta ahora no incluidas en el listado de productos afectados.
Injusticia La consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, ha insistido en el mensaje lanzado en repetidas ocasiones a Bruselas de que “no permita que los agricultores sean quienes sufran los efectos de una crisis geopolítica en la que ellos no han tenido ninguna responsabilidad”.
Ortiz no solo mira a Bruselas, también a Madrid, al solicitar al Gobierno central que no permita que queda excluido de las ayudas europeas (ningún agricultor ni producto dañado por esta situación externa al sector agroalimentario cuyas consecuencias están pagando los trabajadores del campo”.
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