El contrainforme de Adolfo González Montes: “Ni en ruina ni en bancarrota”

Nuevo capítulo en el interminable debate sobre la situación económica de la Diócesis de Almería. Después de que, en junio de 2022, la Iglesia almeriense hiciera públicas algunas conclusiones del panorama financiero tras la auditoría hecha por la consultora Deloitte, ahora llega la respuesta oficial del anterior responsable diocesano: el obispo emérito de la Diócesis de Almería, Adolfo González Montes, y un equipo formado por otras seis personas firmaron, el pasado mes de diciembre, un contrainforme que sale ahora a la luz a través del diario religioso digital Infovaticana. 

A lo largo y ancho de seis páginas, el documento matiza cifras y, sobre todo, la terminología: el ahora obispo emérito reconoce (y justifica) una "deuda crediticia de 22.660.000 millones de euros" (mientras que los responsables actuales hablan de 28.900.000 millones de euros) y, sobre todo, aclara que no es deuda, sino una inversión. "Los contratos de crédito realizados no son gasto, sino inversión", explica el prelado en el contrainforme. 

Las diferencias

El documento del emérito (firmado, junto a él, por el exvicario general, Miguel Romera; Manuel Pozo Oller; Juan Torrecillas; Juan Antonio Moya; Carlos Fortes; y María del Mar López Andrés) pone sobre la mesa diez observaciones sobre la situación actual de la economía de la Diócesis y, muy especialmente, sobre esa auditoría realizada por Deloitte.

En ese decálogo de aclaraciones, González Montes explica cuestiones como que la Diócesis de Almería necesitaba dinero para llevar a cabo la rehabilitación de determinados edificios o que, con la autorización del Vaticano, se procedió a la "reordenación de créditos".

Las principales diferencias del documento con la situación hecha oficial por Gómez Cantero son dos: la cifra total y la consideración de lo que es deuda y lo que es inversión. 

Así, González Montes recurre a las palabras del obispo de Bilbao, Joseba Segura, en el acto de presentación de los resultados de la auditoría al clero: "Segura leyó a la asamblea una evaluación positiva en su conjunto, precisando que los contratos de crédito realizados no son gasto, sino inversión", afirman en el documento.

La justificación de esta afirmación no es otra que la revalorización de la cartera inmobiliaria del Obispado de Almería. "Se había más que triplicado", explicaba el obispo de Bilbao, según el documento. De esta forma, "la Diócesis, ni estaba en ruina, ni en bancarrota y podía afrontar la deuda", aclara González Montes.

El emérito acusa a Gómez Cantero de haber prohibido que se publicaran las palabras del obispo de Bilbao, "silenciándose así que la gestión del obispo emérito había multiplicado por 4 el capital inmobiliario de la Diócesis" desde 2002.

Y la otra gran diferencia viene de la mano de la cifra total de la deuda. En concreto, algo más de 5 millones de euros de diferencia que provienen de lo que Gómez Cantero y su equipo consideran "fondos indisponibles". 

Esos fondos serían utilizados, entre otras cuestiones, para las becas a seminaristas, por ejemplo. Sin embargo, Adolfo González Montes, detalla varias cosas respecto a esa 'hucha': primero, que siendo él obispo se decretó "la unificación de caja y gestión", entre otras cosas porque esos fondos "por muy intocables que se los quisiera preservar no podían cubrir un tercio siquiera del presupuesto anual para sus propios fines". Además, puntualiza, "nunca fue contemplado como invariable el carácter de 'intocable' de dichos fondos".

"Declaraciones desleales"

Para rematar el contrainforme, González Montes y los seis miembros de su equipo que firman el documento acusan al actual vicario general, Ignacio López Román, de ser autor de "declaraciones desleales que dañan a la Iglesia Diocesana".

En concreto, González Montes hace referencia a unas declaraciones de López Román en COPE, en las que "afirmaba sin matizaciones la ruina de la Diócesis y elevaba la deuda a 30 millones", rememora el contrainforme. 

"Estas declaraciones falsean la realidad y hacen un flaco servicio a la Diócesis", acusan desde el equipo del emérito. 

Como punto final, el contrainforme de González Montes recuerda que la auditoría realizada "no es forense ni de gestión, sino estrictamente contable". Con esto, el prelado emérito señala que "la venta de algunos inmuebles no esenciales y alguno de los rehabilitados, si fuere necesario, puede ayudar a financiar holgadamente la deuda".