Habrá juicio ‘Topares contra el Obispado’ para zanjar la polémica de los locales

La disputa entre un grupo de vecinos de la pedanía de Topares (Vélez - Blanco) y el Obispado de Almería terminará resolviéndose ante un juez. No en vano, el proceso de conciliación llevado a cabo a finales del pasado mes de septiembre no llegó a buen puerto, por lo que será en más próximas semanas cuando se celebre un juicio en el que se determine, de una vez por todas, quién es el legítimo propietario de los locales de la discordia: el pueblo o la Iglesia.

Cabe recordar que, en esta disputa, hay dos actores principales y un espacio en juego. En concreto, unos locales anexos a la parroquia de Topares que, hasta ahora, la Hermandad de Ánimas (presidida por Alfonso Serrano) gestionaba y alquilaba (cobrando la renta correspondiente). Por otra parte, el Obispado de Almería señalaba hace ya más de un año que, legalmente, la Hermandad de Ánimas de Topares no existe y que, además, el inmueble es suyo. 

Sin embargo, ¿de quién son esos locales? Desde la pedanía hay voces que señalan que las construcciones se levantaron con el dinero de los vecinos y que, por lo tanto, son del pueblo, propiedad canalizada en forma de alquiler que repercute en beneficio de la Hermandad de Ánimas. Sin embargo, el Obispado pone algo de luz al respecto: los locales se levantaron en suelo de la parroquia y pertenecen, por tanto, a la Diócesis. Pero este no es un conflicto en el que se enfrente la palabra de los pedáneos contra la del Obispado, sino que la Iglesia de Almería aporta, como documentación, el registro catastral de 1993 que ya garantiza la propiedad eclesiástica de estos locales.

Además, desde el Obispado han sido varios los intentos de acercar posturas. Lejos de pretender quitarle la gestión del inmueble a los vecinos de Topares, en primer lugar se intentó regularizar la situación de la inexistente (en términos jurídicos) Hermandad de Ánimas. Ante la ausencia de respuesta, se denunció a su responsable, Alfonso Serrano.

No obstante, y para calmar las aguas, el Obispado retiró la denuncia antes de reunirse para tratar de buscar una solución a una situación que adquiría tintes dantescos: a pesar de que el Obispado no pretendió en ningún momento quitarle a los vecinos de Topares el uso y la gestión económica de los locales, algunos vecinos vieron en aquella denuncia un intento por parte de la Diócesis de quitarle a la pedanía lo que consideran suyo. La situación llegó a estallar cuando agentes de la Guardia Civil tuvieron que acudir a la parroquia para calmar los ánimos de los vecinos, que habían llegado a rajar las ruedas del coche del joven párroco (que actualmente está en otra parroquia de la Diócesis).

La denuncia

Una reunión mantenida en enero del año 2022 hizo que todo saltara por los aires, a pesar de las buenas intenciones episcopales: si bien desde la Diócesis se ofreció una cesión de los locales por un periodo de tiempo a la citada Hermandad de Ánimas, la institución presidida por Serrano fue un paso más allá en sus exigencias, pidiendo que la Diócesis pusiera los locales a nombre de la Hermandad, lo que suponía un reconocimiento implícito de que la propiedad nunca había sido diocesana. 

Pero el Obispado no está dispuesto a renunciar a la propiedad de unos locales que, defienden, siempre han sido diocesanos al levantarse en suelo propiedad de la parroquia (y cuyas escrituras no responden en ningún caso a las famosas y polémicas inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia entre 1998 y 2015).

Fue entonces cuando Serrano denunció al Obispado y, tras el infructuoso proceso de conciliación para evitar ir a juicio, ha llegado el momento de verse ante un juez.

Así las cosas, la partida está en tablas y será un juez el que tenga que determinar quién es el legítimo propietario de los locales de Topares.

Todo, en una situación polémica generada a partir del momento en el que el Obispado trató de regularizar la existencia jurídica de la Hermandad de Ánimas (algo que ya se intentó en tiempos del obispo Adolfo González Montes), que ni tiene entidad jurídica dentro o fuera del Obispado, ni un hermano mayor elegido por los hermanos, ni tan siquiera un libro de cuentas (pero, a pesar de ello, cobraba el alquiler de los locales parroquiales).

Tras rechazar la posibilidad de una cesión y exigir el cambio de propiedad, sin más vías para el entendimiento ni posibilidad de acuerdo entre las dos partes, Topares y el Obispado irán a juicio.