La incorporación de la provincia de Almería al Plan de Regularización Catastral, publicada hace ahora un año en el Boletín Oficial del Estado, ha supuesto en marcha de una campaña para la detección de construcciones no declaradas, o declaradas de forma incorrecta en los últimos años, en 32 municipios almerienses.
Durante varios meses, y utilizando planos, realizando inspecciones, o mediante imágenes aéreas, esos 32 municipios serán ‘peinados’. Según la orden, el objetivo es adecuar la concordancia de la descripción catastral de los bienes inmuebles con la realidad inmobiliaria.
Vigilados
Los municipios que han entrado en esta primera ‘tacada’ de revisiones son los de Almería, Bacares, Bédar, Benahadux, Carboneras, Fines, Huércal Overa, Laroya, Lubrín, María, Olula del Río, Pechina, Purchena, Serón, Tabernas, Tíjola, Vélez Blanco, Vélez Rubio, Vera, Viator, Albanchez, Enix, Felix, Gádor, Huércal de Almería, Lucainena de Las Torres, Lúcar, Mojácar, Pulpí, Somontín, Vícar y Zurgena.
El objetivo buscado es detectar las irregularidades, las viviendas no inscritas o mal inscritas, y de esa forma normalizar su situación. Forma parte de las normas que buscan la aplicación de medidas tributarias dirigidas “a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica” o, dicho de otra forma, regularizarlas para poder cobrar los impuestos aplicables.
Previsión
Los cálculos previos realizados por la Dirección General del Catastro estiman que se localicen discrepancias en torno a un diez por cientos del parque de viviendas analizado, una estimación que apunta a que los propietarios deberán pagar el incremento del IBI correspondiente por las alteraciones encontradas.
Sólo en la capital 163.806 inmuebles serán sometidos a esa revisión, un número que supera ampliamente los 200.000 en el conjunto de los 32 municipios que se están analizando en esta primera fase de la investigación. Si se cumplen las estimaciones, más de 20.000 viviendas verán revisada su situación, lo que será notificado a los propietarios a partir del 30 de julio, en unos casos, y del 30 de noviembre en otros.
Carmen Villa, directora general de Impuestalia, empresa dedicada a la optimización impositiva del IBI y otros tributos relacionados con los bienes inmuebles, advierte que el menos en un 7% de los casos revisados habrá errores en la nueva valoración, por lo que el contribuyente “debería preocuparse en revisar la valoración propuesta”.
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