Cruce de reproches por la pérdida de banderas azules en Almerimar

La pérdida de las banderas azules en las playas de levante y poniente de Almerimar sigue trayendo cola y se perfila como un nuevo punto de fricción entre el ayuntamiento de El Ejido y la Junta de Andalucía.
Y es que, una visiblemente enfadada concejala de Turismo, Luisa Barranco, comparecía públicamente para sentenciar que la pérdida de las banderas se debe "sólo y exclusivamente a la falta de diligencia y celeridad de la Junta de Andalucía a la hora de otorgar las concesiones de los servicios de temporada de playa".
Una situación que "nada tiene que ver ni con una falta de infraestructuras, ni con problemas medioambientales ni de calidad del agua ni nada de eso sino a una manifiesta demora del gobierno autonómico a la hora de tramitar las autorizaciones correspondientes para la instalación de todos los equipamientos de verano tanto municipales como privados y que no llegaron hasta mediados de agosto", remarcaba.
Por todo ello, Barranco apuntaba que, a su juicio, "lo lógico hubiera sido que, una vez el Ayuntamiento solicitara el 16 de febrero en tiempo y forma dichas autorizaciones, la Junta se hubiera pronunciado antes del 17 de junio, fecha en la que se ponía en marcha la temporada de playas". 
Por todo ello, la edil ha matizado que "ante la enorme tardanza de la administración andaluza y viendo que el tiempo se nos echaba encima, no tuvimos más remedio que optar por arriesgarnos a instalar los servicios de playas, aún a sabiendas de que podíamos perder alguna bandera, tal y como ha ocurrido finalmente". Y es que, según ha apuntado, "ante el comienzo de la temporada estival se hacia más que necesario poner en marcha todos estos servicios puesto que estaban en juego muchos puestos de trabajo, además del bienestar y la seguridad de los bañistas".

Respuesta El delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Antonio Martínez, no tardaba en responder a estas acusaciones recordando, en declaraciones a LA VOZ, que “la Junta de Andalucía ni quita ni pone banderas azules. Es la Asociación de Educación Ambiental y del consumidor la encargada de esta cuestión”.
Y en cuanto a la mayor o menor tardanza a la hora de resolver los expedientes de los diferentes planes de playa de los municipios, Martínez asegura que “el ayuntamiento conoce la normativa que es el Reglamento de Costas y ha de presentar servicios de temporada que cumplan lo establecido en dicho Reglamento, que define claramente las superficies máximas que pueden tener las instalaciones en el dominio público terrestre”.
Sin embargo, acusa al consistorio de que “esto es algo que se incumple sistemáticamente por parte del ayuntamiento que hace que haya que pedir subsanaciones y que se alarguen los plazos”.
 En este sentido, cabe reseñar que los expedientes que, al parecer, han motivado la pérdida de esas banderas azules tienen que ver con un chiringuito y con una zona de actividades náuticas que excedían las zonas de ocupación.
Así que habrá que ver como marchan las cosas de cara al próximo año al objeto de ver si se pueden recuperar esas dos banderas.
No obstante, el cruce de acusaciones sigue puesto que Barranco insistía en que "no podíamos fallar al sector, ni a ese turismo fiel dejando la costa urbana sin chiringuitos ni hamacas, seguridad o sin módulos sanitarios, aseos por el hecho de que la Junta no cuente con la previsión de personal necesaria para poder tramitar a tiempo las concesiones de la provincia".
Por su parte, Antonio Martínez recuerda que “la obligación del ayuntamiento es tramitar esta documentación de manera correcta y ajustarse a la normativa para poder tramitar los planes de playa en tiempo y forma y cumpliendo la normativa para no tener que pedir subsanaciones”.

Plazo El plazo de la primera respuesta administrativa es de cuatro meses por lo que si el plan de playas ejidense se presentó el 13 de enero, tal y como explicó Barranco, la primera respuesta de Medio Ambiente debería ser inminente.
Aunque lo que también habrá que ver es si son necesarias subsanaciones o no en un plan de playas que vuelve a ser un nuevo foco de conflicto entre el ayuntamiento y la Junta de Andalucía.