Carboneras

El PSOE centra su ofensiva política contra los familiares del equipo de Gobierno

El alcalde les insta a denunciar en los juzgados los supuestos pagos ilícitos

El portavoz del PSOE, José Luis Amérigo, durante la rueda de prensa de ayer.
El portavoz del PSOE, José Luis Amérigo, durante la rueda de prensa de ayer.
Víctor Visiedo
22:03 • 08 ene. 2018

Si hace unos días el PSOE de Carboneras acusaba al padre del concejal de Hacienda, Felipe Cayuela, de intentar “saquear” el Ayuntamiento, por sus vínculos con la empresa Carboneras Playa S.A. que pidió una indemnización de 11,5 millones por responsabilidad patrimonial, ahora han cargado contra el Consistorio por “el pago de distintas cantidades a familiares directos de algunos concejales”, que  el portavoz José Luis Amérigo ha cuantificado en un millón de euros. No obstante, las cifras que ha dado a conocer se limita a pagos de 45.723 euros facturados por el bar de un familiar del edil de Hacienda, 10.660 € a la empresa del hermano del concejal de Urbanismo, y en el caso del alcalde, el negocio familiar de su hermana ingresó 8.385 euros hasta agosto y su hermano se embolsó 7.096 euros en concepto de “gratificaciones”, según han denunciado.




Por su parte, el alcalde, Salvador Hernández, ha calificado estas acusaciones como “sin fundamento alguno”. El regidor ha recordado que el Ayuntamiento de Carboneras cuenta en la actualidad con más de 300 proveedores, pertenecientes a todos los ámbitos y colores políticos. De ellos, 281 superan los 3.000 euros anuales, afirma el concejal de Hacienda, y la media por empresa es de 16.500€.




Asimismo, Salvador Hernández ha dado orden expresa al secretario e interventor del Ayuntamiento para convocar una comisión informativa de Hacienda Pública, donde puedan asistir tanto el partido de la oposición como los vecinos de la localidad y se de cuenta de todos los pagos a proveedores realizados por el Ayuntamiento, “todos hechos dentro de la legalidad y con la mayor transparencia”.




Finalmente, ha instado a la oposición a presentar las pruebas ante los tribunales para respaldar unas acusaciones que lesionan el honor de los miembros del equipo de Gobierno y sus familiares o, en caso contrario, atenerse a las consecuencias.








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