La Junta Electoral retira el acta de concejal al alcalde de Partaloa

La Junta Electoral Central ha dado de baja a los concejales inhabilitados por la justicia en el mes de abril de 2017 y que formaban parte de la Corporación de Partaloa casi un año después, entre los que se encuentra el alcalde de este pueblo del Almanzora, Antonio Peñuela y el concejal Enrique Montalvo.

El Ayuntamiento de Partaloa recibió el pasado mes de abril la comunicación acerca de la retirada de las credenciales de los dos ediles que se presentaron a las elecciones como Agrupación de Electores de Partaloa (Adepart) logrando la mayoría absoluta. A falta de formalizar su baja como miembros de la Corporación en un pleno que no llega (no se celebra una sesión plenaria desde junio de2017), la Junta Central ha remitido a la primera teniente de alcalde, Lamberthe Margaretha Van der Aart, las credenciales de las dos nuevas concejalas que entrarían a formar parte de la Corporación en el lugar de los dos ediles inhabilitados: Sarah Ann Edkins y Janet Elizabeth Yerrel, según consta en el registro de salida de la Junta el 9 de mayo.

Petición de Pleno
La misma Junta electora ha sido la encargada de responder al Ayuntamiento de Partaloa, que requería información sobre el “procedimiento a seguir” para cubrir las vacantes de concejal. Lo que, según la oposición, no son más que “tretas” para dilatar la salida del primer edil partalobero, recordando que ha seguido ejerciendo como tal a pesar de la sentencia en firme que se produjo hace más de un año, cuando en abril de 2017 fue inhabilitado junto al edil Enrique Montalvo a siete años de inhabilitación para por un delito de prevaricación administrativa.

Tras las últimas informaciones y comunicados de la Junta Electoral Central, la oposición achaca ahora la responsabilidad de “la situación existente” y de lo que suceda en adelante a la alcaldesa en funciones, Lamberthe Margaretha, como se desprende del escrito registrado recientemente en el Ayuntamiento. En el documento presentado por el Partido Andalucista (PA), se suscribe que aún “no se ha convocado el Pleno Extraordinario que se solicitó por quienes suscriben” en noviembre de 2017. 

Presión de la oposición
El PA ha recordado además “la obligación de solicitar el servicio de secretaría-intervención de asistencia a municipios de Diputación”. Un servicio del que sigue careciendo el municipio y que provoca una alarmante situación para la oposición sin “la participación, asistencia y fiscalización del secretario-interventor” en cuestiones como pudiera ser el pago de las facturas, entre otras. Esta situación es de una “absoluta ilegalidad” para el Partido Andalucista, algo que “no solo afecta al alcalde sino a todos los miembros del equipo de Gobierno” que adopten “acuerdos o resoluciones sin el debido control económico y de legalidad”.

Por ello, reclaman que, más de un año después de la sentencia, se celebre el Pleno en el que se tome conocimiento del fallo judicial y tomen posesión los concejales de la lista según las credenciales remitidas por la Junta Electoral Central. Del mismo modo, la oposición advierte que “el incumplimiento puede ser entendido como una negativa al cumplimiento de las obligaciones legales” de la ahora alcaldesa en funciones. Una vuelta de tuerca más al enredo judicial y político del que Partaloa es el escenario desde abril de 2017.