Acusados dos exdirectivos de banca por el préstamo millonario a Rambla Morales

La Fiscalía de Almería ha formulado acusación contra dos exdirectivos de la entidad bancaria Caixabank SA por la gestión del crédito concedido en 2004 para la construcción de la desaladora de Rambla Morales, en Níjar, por importe de 125,3 millones de euros y causar presuntamente un "perjuicio" de más de cuatro a los comuneros.

El director de una sucursal de La Caixa en La Cañada y el director de Caixabank SL se enfrentan a penas individuales de dos años de cárcel por un supuesto delito de apropiación indebida y a sendas multas de nueve meses con una cuota diaria de 12 euros.

El escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, señala que en septiembre de 2004 la Comunidad de Regantes Rambla Morales pidió el crédito por 95,4 millones de euros para la financiación de la ejecución de obras de mejora y reforma en las instalaciones de riego, así como para la construcción de una planta desaladora, una instalación eléctrica y una red eléctrica de alta tensión.

Dos años después, este crédito se amplió en la cuantía de 29,9 millones de euros hasta llegar la cifra total de 125,3 millones de euros.

Indica que, en septiembre del año 2007, La Caixa otorgó una escritura de dispensa contractual y constitución de prenda, por lo que los regantes "disponían inmediatamente del capital restante otorgado, se ingresaban en una cuenta determinada y se estipulaba que el cumplimiento de las obligaciones del crédito se garantizaban con la pignoración a favor de La Caixa del saldo positivo en la cuenta citada".

El Ministerio Público señala que, "a pesar de lo estipulado", en abril de 2011 los acusados, con intención "de obtener un beneficio ilícito para la entidad", dispusieron presuntamente del saldo positivo de más de cuatro millones de euros que había en la cuenta para un "fin distinto".

En concreto, según detalla, aplicaron este montante económico al pago de la cancelación de un producto financiero denominado Swaps, operaciones de derivado que se habían concertado en los años 2005 y 2006 entre La Caixa y la Comunidad de Regantes.

"Esto motivó un perjuicio en las personas de los comuneros constituidos en Asociación de Perjudicados por la Comunidad de Regantes Rambla Morales al no haberse reducido con este importe la deuda del crédito concertado".

En este procedimiento, pieza separada de la causa principal que se sigue por estafa contra quien era presidente de la comunidad de regantes en la fecha de los hechos, Antonio García Pardo, la Fiscalía interesa que ambos acusados indemnicen solidariamente a la asociación de perjudicados con 4.061.291,37 euros o, en su caso, de manera subsidiaria Caixabank SL.

Señala que la indemnización deberá hacerse en la persona del presidente de los perjudicados, Bonifacio Berenguel, a quien también cita como testigo.

En 2011, la asamblea de comuneros, integrada por unas 500 familias, expresó su "rechazo masivo" a la venta de la planta desaladora a la sociedad estatal Acuamed, lo que provocó la dimisión en bloque de su directiva entonces debido a la "confrontación con La Caixa" y la deuda contraída con esta entidad, lo que mantenía "paralizada de manera absoluta la actividad" de la planta.

El Juzgado de Instrucción 6 de Almería mantiene abierta aún la causa por un presunto delito de estafa contra el anterior presidente de la comunidad de regantes, Antonio Fernando García Pardo, tras la querella interpuesta por la directiva dimisionaria que detectó presuntas irregularidades durante su gestión.

La querella, que se presentó en diciembre de 2010, trataba de depurar responsabilidades sobre la situación económica en la que se encontraba la comunidad cuando asumió la presidencia Juan Garrido y ante la sospecha de la que habría autorizado contratos con distintos proveedores sin consentimiento de la asamblea y a cargo del crédito otorgado por La Caixa.