La Justicia paraliza la adjudicación del transporte escolar

El Tribunal administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía ha suspendido cautelarmente el proceso de adjudicación del contrato del servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de Almería para el próximo curso 2019-2010.

El órgano acuerda esta medida cautelar en el marco del procedimiento iniciado a raíz de la impugnación que han hecho los empresarios del transporte de Almería, unidos bajo la Federación Independiente de Transportistas de Andalucía (Fedintra), que consideran que el concurso promovido por la Agencia Pública Andaluza de Educación supone un "severo golpe" al sector en la provincia.

La resolución, consultada por Europa Press y que no entra aún en el fondo del asunto, indica que "es el mejor remedio para asegurar la eficacia" ante el fallo del recurso interpuesto por Fedintra en caso de que este prosperase y rechaza las alegaciones de la Junta, que afirmó que la suspensión acordada "pondría en serio riesgo la escolarización de todos los usuarios previstos en la provincia de Almería" ante el inicio del curso el 10 de septiembre.

Alegaciones

El tribunal señala, a fecha de 5 de agosto, que la Junta no ha acreditado en sus alegaciones que "el interés público que demanda la contratación" de este servicio "no pueda quedar protegido por otros medios válidos hasta la adjudicación y formalización del nuevo contrato" en aras de cumplir el imperativo legal que establece el transporte escolar gratuito como garantía de escolarización para alumnos residentes en localidades que no tienen oferta educativa.

De hecho, alude a que, en su recurso, Fedintra argumentó que el actual contrato vigente es del curso 2017-2018 y fue prorrogado para el curso escolar 2018-2019, por lo que "conforme a los términos de la licitación podría serlo igualmente para el curso escolar 2019-2020, dándose cobertura de este modo a la realización del servicio en iguales condiciones de prestación y plena satisfacción de la comunidad educativa".

Consenso del sector

La patronal andaluza ha aplaudido esta suspensión cautelar y ha trasladado que espera que la resolución final sea la anulación definitiva del concurso para licitar uno nuevo "que cuente con el consenso del sector".

En un comunicado, ha precisado que el tribunal deberá resolver ahora las cuestiones de fondo como la valoración del "sistema a tanto alzado", la fijación de una base económica del sistema tarifario acorde a la situación y exigencias actuales; la planificación de rutas; los informes de los órganos de inspección y un "uso más eficaz" de los fondos públicos.

Ha advertido de que, con la actual concurso de transporte escolar impugnado, "las consecuencias negativas no son solo económicas para las empresas" sino que también afectará a los usuarios.

"La agrupación de las distintas rutas en lotes más grandes obligará a transportar conjuntamente a niños de primaria y secundaria, que tienen diferentes horarios y necesidades, afectando enormemente a los usuarios. La reducción prevista en las rutas es de nada menos que el 30 por ciento", ha explicado para añadir que la disminución de servicios también provocará "la extinción de contratos de trabajo, tanto en conductores como en monitores de las rutas".

Desde Fedintra han sostenido que, con la "evolución en la calidad" del servicio que ha experimentado el transporte de viajeros por carretera en Almería y Andalucía en los últimos años, "nadie puede entender que se retroceda de esta manera, sin analizar la voz de los profesionales y de los centros escolares y padres".

"El sector del transporte escolar en Almería cuenta con unas 40 empresas, que aglutinan más de 1.500 trabajadores y 1.100 vehículos y que, con una facturación de 40 millones de euros, es clave para la economía de la provincia y si no se llega a paralizar el concurso, hubiera afectado sensiblemente a todo el sector", ha asegura José Alonso, representante de Fedintra en Almería.

Alonso ha remarcado que la convocatoria del concurso en plena época estival, "sin aviso previo y de forma sorpresiva", ha obligado a aportar "las garantías económicas extras para poder licitar".

"Este hecho, ha obligado a las empresas a pedir en algunos casos préstamos personales, y a sacrificar la tesorería de la empresa ya que dada a la celeridad del concurso no se han podido tramitar los avales bancarios necesarios para poder concursar en la licitación, y esto ahora ¿quién nos los repone?", se ha preguntado.

Concurso con irregularidades

Las condiciones del nuevo concurso presentan "irregularidades" a juicio de la federación, ya que la presentación de ofertas se ha de realizar en "sobres cerrados e independientes en alguno de los registros generales del órgano de contratación o a través de la oficina de correos y no por medios electrónicos" ya que no responde a ninguna de las excepciones recogidas en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

Además, según ha añadido, el plazo establecido para los contratos de obras, suministros y servicios "no responde a lo establecido en los apartados de la ley ya que el plazo podría haberse reducido, pero en ningún caso puede reducirse a tan solo diez días".