El PA lleva al Consistorio a la Fiscalía por posible abuso de poder y prevaricación

Alejandro Lopez, portavoz del PA en la localidad de Partaloa, en representación del grupo andalucista, junto al Secretario Provincial, Pedro Ruiz, han presentado en la Fiscalía Provincial una denuncia contra el equipo de Gobierno del municipio, formado por el alcalde (PP) y 3 ediles (PSOE), ya que según argumentan, “la falta de democracia, abusos e irregularidades que se han producido desde el 22 de Mayo”, han hecho que los andalucistas no tengan “más remedio” que acudir a la Fiscalía Provincial.

De este modo, el Partido Andalucista de Partaloa denuncia “las graves irregularidades en el funcionamiento de la administración municipal”, pudiendo ser constitutivas de delitos graves por parte de autoridades y funcionario de dicha administración. El PA denuncia de esta forma entre los principales hechos constitutivos de “posible delito” por ejemplo la presunta “prevaricación por la destitución ilegal del secretario, habilitado a nivel nacional del Ayuntamiento de Partaloa, por el alcalde y su equipo de Gobierno”. Seguidamente, a juicio de los andalucistas, “un posible delito de falsedad en documento público, cometido por el alcalde y el funcionario que hace las funciones de secretario accidental, por ocultar información al Partido Andalucista sobre la destitución ilegal del secretario”; asimismo, desde el PA advierten otro “posible delito de prevaricación por el nombramiento ilegal del secretario accidental y posible delito de suplantación de funciones públicas por parte del mismo”.

Concejales del PSOE

Los andalucistas han observado a su juicio “un posible delito de prevaricación por parte de concejales del grupo socialista que aprueban el PGOU de Partaloa, en fase provisional, debiendo abstenerse por estar imputados en delitos de corrupción urbanística” así como otro por parte del PP y sus socios de Gobierno en lo que respecta a su aprobación a pesar de contar “con informes desfavorables de la Agencia del Agua, así como por informes jurídicos de Diputación”.

“Prevaricación administrativa por obstrucción al ejercicio de funciones publicas” y una presunta “infidelidad en la custodia de documentas públicos”, concluyen.