La defensa legal del chiringuito Maui Beach presentó ayer un recurso Contencioso-Administrativo en los juzgados de Almería, por el cual ha solicitado medidas cautelarísimas para levantar el precinto impuesto al chiringuito el pasado martes.
Según declaró Ramón Ruiz Medina, abogado del grupo propietario, el precintaje del popular chiringuito mojaquero “no se ajusta a legalidad” en primer lugar porque, según sostuvo, lo que decretó el Ayuntamiento el pasado 15 de enero fue “el cese de la actividad” para la cual no tiene licencia el local, pero no “el cierre total” del mismo.
‘Arbitrariedad’
“El Maui tiene una licencia de restauración reconocida por el propio Ayuntamiento, lo que se pone aquí en tela de juicio es si puede llevar a cabo una actividad diferente a la licencia que tiene, pero el Ayuntamiento en un comportamiento absolutamente arbitrario ha decidido su cierre total”, señala.
El letrado afirmó asimismo que el Ayuntamiento de Mojácar no habría cumplido con el procedimiento administrativo protocolario ya que “el precinto fue ejecutado sin que exista ningún tipo de acuerdo del órgano competente, que es el pleno del Ayuntamiento”, expone el abogado.
Tal y como explica Ramón Ruiz Medina, tras una resolución de cierre no atendida por un establecimiento, la corporación municipal debe emitir una “resolución de precinto”, cosa que no se habría hecho en este caso. Lo que tuvo lugar el martes, abunda, fue fruto de “un comportamiento absolutamente arbitrario del Ayuntamiento”, que ordenó a la Policía Local que se acercara a colocar el precinto al establecimiento cuando, según el letrado “la policía municipal no tiene competencias para llevar a cabo el precinto”, si no existe una resolución del equipo de Gobierno que lo avale.
Así las cosas, el letrado estimó que la semana que viene el juzgado debería emitir un veredicto que, de ser favorable, supondría el inmediato levantamiento del precinto y la apertura del establecimiento.
“Persecución”
El abogado sostuvo que lo que se está haciendo con el local es una “persecución”, que tendría su origen en la oposición legal del grupo propietario a la construcción del Paseo Marítimo, que ya han impedido en dos ocasiones.
Según el abogado, en los planes del Ayuntamiento la construcción de la calzada pasaba por la desaparición del Maui, por lo que el equipo legal del establecimiento se empleó a fondo para paralizarla, lo que consiguió gracias a que ambos proyectos habían caducado antes de comenzarse las obras.
Asimismo, el letrado ha denunciado anteriormente que el Ayuntamiento podría estar incurriendo en un delito de prevaricación al no otorgarle al establecimiento la licencia que necesita para operar como bar de música.
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