El macrojuicio de ‘Poniente’ inicia la testifical con tres testigos protegidos

El macrojuicio de 'Poniente' por la presunta trama de corrupción política y empresarial en torno a la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) en El Ejido (Almería) entre los años 2002 y 2009 encara esta semana la fase testifical que está previsto se inicie con el testimonio de un inspector de la Policía Nacional y tres testigos protegidos.

El tribunal de la Sección Tercera, que preside la magistrada Társila Martínez, ha citado a partir de las 10 horas en la sala del Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce habilitada para la vista oral al Jefe del Grupo 1 de la Unidad de Apoyo de la Policía Judicial Adscrita a Fiscalía Anticorrupción.

A continuación, en la primera sesión de las cuatro señaladas para esta semana, está previsto se escuche el testimonio de los testigos protegidos número 1, número 2 y número 9. La práctica de la prueba testifical se ha programado en 13 sesiones y, en total, están citadas más de medio centenar de personas hasta el día 20 de abril.

El macrojuicio de 'Poniente', que dirime el supuesto extravío de 71,5 millones de euros de las arcas municipales de El Ejido a través de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), cuyo socio privado era el Grupo Abengoa, y un entramado de subcontratas con la presunta connivencia del exalcalde Juan Enciso y el exinterventor municipal, José Alemán, concluyó el interrogatorio de los 45 acusados el pasado día 18.

Alemán fue el único que decidió responder a las preguntas de Fiscalía Anticorrupción, Abogacía del Estado y acusaciones particular y populares, así como a las defensas mientras que el exregidor optó por contestar únicamente a las interpelaciones de su abogado.

Con la práctica de la prueba testifical, el tribunal ha conseguido reajustar la marcha de la vista oral al calendario de sesiones previsto pese a que se vio obligado a aplazar por un mes el inicio en enero debido a la incidencia de casos de covid-19 entre encartados y partes.

Han transcurrido casi once años y medio después de que la mayor operación policial y judicial contra la corrupción en Almería explotase con la intervención del Ayuntamiento de El Ejido y la detención de una veintena de políticos y empresarios.

La acusación del Ministerio Público indica que el saqueo de las arcas públicas se realizó "orquestando la creación" de una red de sociedades que se dedicaban a "subcontratar" con la empresa mixta Elsur con "una doble finalidad: engordar artificialmente el canon anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento, y, por otra, aumentar más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública".

Tras el trámite de cuestiones previas, el Ministerio Público retiró la acusación por los delitos contra la Hacienda Pública en los periodos impositivos entre los años 2002 y 2005 al considerar que habrían prescrito y acordó rebajar las penas de prisión, en algunos casos en más de la mitad, que solicitaba para los principales acusados.

El fiscal Jesús Gázquez estimó parcialmente "por justificadas" las alegaciones realizadas por las defensas, mantuvo, no obstante, los delitos fiscales que imputa respecto a los ejercicios entre 2006 y 2009 ya que señaló que la prescripción quedaría "interrumpida" por una providencia del juzgado instructor de 2011 por la que las "partes tuvieron suficiente información" como para "pensar que la investigación también iba dirigida contra ellos también por delito fiscal".

Tras las modificaciones introducidas en su escrito de calificación provisional y desgranadas en sala, el exalcalde de El Ejido Juan Enciso, y el ex interventor municipal José Alemán se enfrentan a penas que suman 40 años de cárcel frente a los 64 años de prisión solicitados inicialmente al tiempo que ven rebajada la cuantía de las multas de 49 a 23,2 millones de euros.

En total, se les atribuye la presunta comisión de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de falsedad continuada en documento mercantil, ocho delitos contra la Hacienda Pública en calidad de cooperadores necesarios, un delito de cohecho pasivo propio continuado y un delito de prevaricación continuada.