Fiñana ‘top secret’: todo de lo que el alcalde no quiere que se hable

En unos tiempos en que todo se mueve en internet y en las redes sociales, salvaguardar la privacidad personal se ha convertido en todo un desafío lleno de obstáculos y proteger los datos sensibles se ha tornado materia de legislación. La seguridad y la privacidad son ya los dos grandes caballos de batalla de la era digital. En ocasiones, la linea de separación entre el ámbito de la privacidad/seguridad y el de la información/expresión pública puede llegar a retorcerse. Y así, en nombre de la Ley Orgánica de Protección de Datos (3/2018) y del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), el Ayuntamiento de Fiñana, dirigido por el alcalde socialista Rafael Montes, ha llegado a plantear a los concejales que firmen un draconiano documento de confidencialidad en el que se especifican todos aquellos asuntos considerados "de secreto profesional". Es decir, de todo aquello que no deberían hablar en público, ni filtrar, ni airear en su desempeño como ediles de la corporación municipal, por ser "información confidencial". Y, desde luego, no son pocos. 

Más allá de la legalmente protegida información personal que pueda identificar a alguien por su identidad, o desvelar datos de domicilio, localización, rasgos físicos, psíquicos, económicos, culturales o sociales, el documento que el Gobierno finañero entregó hace unas semanas a los concejales incluye también como datos confidenciales "todos aquellos que, sin ser considerados de carácter personal, tengan valor para el Ayuntamiento".

Todo lo 'prohibido'

A partir de ahí entra al detalle: "sin que la presente enumeración excluya otras clases de informaciones también confidenciales [se añaden]: expedientes administrativos, técnicas, programas de formación, test, investigación y desarrollo, ideas, invenciones, conceptos, anotaciones, esquemas, diseños, dibujos, organigramas, memorándums, procesos, procedimientos know-how, fórmulas, datos, programas y aplicaciones informáticas, mejoras, descubrimientos, conocimientos de cualquier clase puestos a disposición del miembro de la corporación, materiales de referencia, materiales y técnicas de marketing, planes de investigación y desarrollo, marketing, nuevos servicios, secretos comerciales y cualquier otra información relacionada con ciudadanos y proveedores, listas de tributos, proyectos de políticas públicas, información financiera, presupuestos, plantillas y métodos de gestión y contabilidad, así como los derechos, títulos e intereses que pudiera alegar sobre las invenciones, patentables o no, realizadas u obtenidas por el miembro de la corporación durante la vigencia de la relación que le une al Ayuntamiento".

Quien haya conseguido leer toda la relación anterior sin perder el resuello, podrá abordar a continuación la lectura de las especificaciones de qué no pueden hacer los concejales con esas informaciones. De acuerdo con las pretensiones del documento, los concejales se comprometen a "no divulgarla, publicarla, cederla, venderla, ni de otra forma, directa o indirecta, ponerla a disposición de terceros, ni total ni parcialmente, y a cumplir esta obligación incluso con sus propios familiares u otros miembros de la organización que no estén autorizados a acceder a dicha información, cualquiera que sea el soporte que la contenga". 

Por si tales condicionantes fueran pocos, y quizá presuponiendo un actitud díscola por parte de los miembros de la corporación no afines, el documento promovido por el equipo de Gobierno de Rafael Montes añade un punto de salvaguarda para asegurarse de que no hay filtraciones y que todos se atienen a cumplir "los fines autorizados". Así, los concejales de la oposición solo podrán usar los medios de trabajo que el Ayuntamiento pone a su disposición (ordenadores, internet o correo electrónico) para un fin tan ambiguo y elástico como "el desarrollo eficiente de su desempeño", y, en caso de no hacerlo, se podrá ordenar "tareas de verificación, vigilancia y control sobre los mismos sin informar expresamente al miembro de la corporación". 

Finalmente, los concejales, caso de aceptar la firma del documento (los del PP, por ejemplo, no lo han  hecho), reconocen la propiedad del Ayuntamiento sobre todos los datos considerados "información confidencial" y se comprometen a devolver todas las copias que tuvieran en su poder. Además, la aceptación del documento les compromete a "acatar las políticas de información y de seguridad que establezca el Ayuntamiento para garantizar la protección de datos y (...) seguir las instrucciones en ellas reflejadas". En caso de incumplir estas cláusulas, los miembros de la corporación serían responsables "frente al Ayuntamiento y terceros", con riesgo de acciones legales y reclamación de indemnizaciones, señala el documento. 

Hasta tres juristas consultados por La Voz coinciden en que las estipulaciones contenidas en este compromiso de confidencialidad son, como poco, "excesivas", y hasta susceptibles de vulnerar los derechos políticos de los concejales de la oposición. La corporación municipal de Fiñana está compuesta por nueve concejales, seis del PSOE -que gobierna con mayoría absoluta con Rafael Montes al frente-, dos del Partido Popular y uno de Ciudadanos.