La jueza aplaza la declaración como investigado del alcalde de Carboneras

La jueza que investiga el abono de "retribuciones complementarias" al sueldo a funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha acordado suspender las declaraciones previstas para el miércoles como investigados del alcalde, José Luis Amérigo (PSOE), y el concejal de Hacienda, Función Pública y Personal, Ramón Soto, después de que este martes, en sede judicial, el portavoz municipal de Carboneras Avanza, Felipe Cayuela, se haya ratificado en su denuncia.

Tras escuchar a Cayuela, citado a las 12:00 horas como denunciante y a quien se le ha hecho ofrecimiento para ser parte en las actuaciones para dirimir la presunta existencia de delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha comunicado la decisión de aplazar ambas comparecencias al no estar disponible la sala que permite grabar la declaración.

Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que el Juzgado de Instrucción número 1 de Vera tiene ahora que volver a citar a José LUis Amérigo y a Ramón Soto, así como a los testigos llamados a declarar inicialmente a partir de las 10,00 horas de la jornada del jueves, según se recogía en el auto de agosto en el que acordó la incoación de diligencias previas.

Según mantiene la denuncia interpuesta por el portavoz municipal de Carboneras Avanza, concejal y alcalde, uno desde 2019 y otro desde 2020, habrían supuestamente dispuesto "en perjuicio" de las arcas municipales y "de manera fraudulenta" complementos de "productividad" en favor de los habilitados nacionales del ayuntamiento y "gratificaciones extraordinarias y horas extras" en favor "de determinado personal funcionarial y laboral" de la corporación.

Sostiene que estas cantidades económicas habrían supuesto "una ampliación continuada de las retribuciones económica mensuales carente de cobertura legal alguna" al estar "cuantificadas de manera no objetiva y prescindiendo del procedimiento legalmente establecido".

Señala que el abono era "propuesto" supuestamente por Ramón Soto mientras que la "ordenación correspondiente para el abono" la habría hecho Amérigo mediante resoluciones "dictadas --remarca-- vulnerando claramente el procedimiento legalmente establecido para ello, sin pertinente cobertura jurídico-legal y sin control alguno".

La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, precisa que las citadas resoluciones se habrían realizado, además, "sin especificar la retribución del especial rendimiento, la actividad extraordinaria o el interés e iniciativa" con que trabajador "concreto desempeña su trabajo".

Añade que, asimismo, que se habrían dictado "sin realizar la apreciación de la productividad en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo" al tiempo que pone el foco de que "su liquidación" era "fija en su cuantía y periódica en su vencimiento en el caso de los habilitados nacionales, sin justificar en la nómina de cada mes la productividad de cada puesto".

Hace alusión a las gratificaciones extraordinarias como horas extras tanto para personal funcionarial como laboral, y subraya que también habrían sido "continuamente" propuestas para "aprobar por el concejal de Hacienda, Función Pública y Personal" y "ordenadas para abono por el alcalde" tras presuntamente la correspondiente solicitud del personal.

Esta circunstancias, según concreta, habría vulnerado "claramente el procedimiento legalmente establecido para ello" al no contar con "la pertinente cobertura jurídico-legal o control alguno".

"Es evidente que en esas resoluciones mensuales no se ha valorado el trabajo desempeñado por cada uno de los beneficiarios de dicho complemento de productividad de manera individual y palmario que se han adoptado resoluciones de manera genérica para aprobar el abono de dichas productividades", traslada para aportar documentación de esa atribución de "manera igualitaria".

La denuncia sostiene, asimismo, que el supuesto hecho de que Amérigo y Soto se hubiesen "concertado" presuntamente para "obtener fondos públicos a favor de los tres habilitados nacionales y de determinados funcionarios y personal laboral de la corporación" encajaría también como supuesto delito de malversación de caudales públicos por causar "grave perjuicio para el interés público y suponer el desembolso de dinero público con ánimo de lucro y para beneficiar a tercero".

"Se han realizado abonos importantes de cantidades económicas, tanto de la productividad como de gratificaciones extraordinarias y horas extras con una ausencia de materialización y de concreción de los resultados de la actividad que se ha remunerado con fondos públicos más allá de una justificación meramente formal de estos pagos", concluye.