Las farmacias piden al SAS que aplace la subasta de medicamentos

La Confederación Empresarial de Farmacia de Andalucía (CEOFA) ha pedido al Servicio Andaluz de Salud que “retrase” hasta después de las elecciones autonómicas la firma de las adjudicaciones a 11 de los 13 laboratorios que finalmente se han hecho con el primer concurso de licitación pública de medicamentos. Esta medida supondrá dispensar en las farmacias andaluzas sólo los fármacos de esas compañías cuando se prescriba por principio activo.
La patronal de farmacia ha sustentado su petición en el hecho “conocido” de que los partidos mayoritarios, PSOE y PP, “mantienen posturas contrarias y discrepantes sobre la subasta de fármacos”, motivo por el que “no parece necesario recordar que (habría que retrasar) hasta después del domingo” la medida.
El Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (CACOF) también ha solicitado un aplazamiento de la adjudicación y ya ha augurado “poco futuro” a la subasta. Los farmacéuticos entienden, incluso, que el destino final de esta subasta será el Tribunal Constitucional.
En este sentido, el presidente del CACOF, Manuel Arenas, ha advertido de que la Consejería del ramo se “equivoca” con su proceder, ya que, a su juicio, “la peor forma de hacer política y gestión pública es la que acaba judicializándose”.
“Y esto es exactamente lo que va a ocurrir con las subastas, que lo que tenía que haberse resuelto en los despachos negociando va a acabar en los tribunales”, ha vaticinado Arenas, para quien el Gobierno andaluz “debería haber prestado más atención a quienes desde el primer momento mostramos dudas sobre la legalidad de la medida”.
Al hilo de ello, ha recordado que el Consejo Andaluz ya presentó en el registro oficial del SAS un recurso de alzada contra la Resolución de 25 de enero de 2012, de la Dirección Gerencia del SAS, que anunciaba este concurso de moléculas. En los fundamentos jurídicos de su recurso, el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos argumentaba que la convocatoria pública efectuada por el SAS “vulnera flagrantemente” normas estatales con rango de Ley Básica, por lo que resulta “nula de pleno derecho”.