Se mascaba la tragedia: nadie tendrá la obligación de limpiar Palomares

Se mascaba la tragedia y se ha cumplido: El Gobierno no tendrá la obligación de limpiar Palomares de los nueve kilos de plutonio y americio (6.000 metros cúbicos) que se encuentran diseminados en 40 hectáreas de terreno. La única esperanza para los vecinos de Vera y Cuevas del Almanzora es que lo haga de forma voluntaria. Esta es la principal conclusión de la sentencia que acaba de ser emitida por la Sala III del Tribunal Supremo, quien ha rechazado el recurso de casación interpuesto por la Federación Provincial de Ecologistas en Acción en Almería contra la sentencia de la Audiencia Nacional del 22 de junio de 2021.

El Supremo declara en su sentencia que, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo de Seguridad Nuclear en relación con la zona de Palomares en tanto que área de exposición perdurable, el citado Consejo de Seguridad Nuclear no resulta competente para adoptar medidas tendentes a fijar un plazo para la ejecución del Plan de Rehabilitación de Palomares, que, de facto, significa, que la limpieza de esos residuos radiactivos que están en Palomares desde 1966, se podrían quedar allí de por vida, porque el Tribunal entiende que el Consejo de Seguridad Nuclear, organismo creado para este tipo de funciones como heredero d la antigua Junta de Seguridad Nuclear, no es competente para ello.

Cuando admitió a trámite el presente recurso, la Sala determinó que el asunto con interés casacional era determinar si el Consejo de Seguridad Nuclear resulta competente para adoptar medidas tendentes a la ejecución del Plan de Rehabilitación de Palomares, y en concreto, para resolver sobre la pretensión de la recurrente de que se fijara un plazo para la ejecución de dicho Plan.

La sentencia examina la Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear y el Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear, y concluye que la Audiencia Nacional acertó al señalar que el Consejo de Seguridad Nuclear “carece de competencias en cuanto a la ejecución material de planes; pues las que se le atribuyen son funciones: de elaboración de informes, habilitación e inspección y control; de propuesta normativa y de elaboración de instrucciones, guías y circulares de carácter técnico; de información, asesoramiento e investigación; y de coordinación con otros organismos, entidades o administraciones; además de otras funciones de carácter instrumental o accesorio”.

Según expone la resolución, Ecologistas sostiene que la de Palomares no debe considerarse como un “área de exposición perdurable a la radioactividad” y prefiere designarla con otras denominaciones y calificativos como “almacén radiactivo ilegal”, “catástrofe que está pendiente de solución definitiva”, “emergencia inacabada, “almacén nuclear ilegal” o “cementerio nuclear al aire libre”.

La sentencia resalta al respecto que, con independencia de las expresiones que emplea la recurrente para describir la situación de la zona, “lo cierto es que la de Palomares encaja en la noción de área de “exposición perdurable” a la que se refiere el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones ionizantes aprobado por Real Decreto 783/2001, en cuyo Anexo-I se define la exposición perdurable como la “exposición resultante de los efectos residuales de una emergencia radiológica o del ejercicio de una práctica o actividad laboral del pasado”; siendo así que -como señala la Abogacía del Estado en su escrito de oposición- en este caso nos encontramos en un supuesto comprendido en la primera parte de la definición, al ser consecuencia de una situación de emergencia radiológica tras el accidente de los dos aviones”.

Y, añade el Supremo, las formas de intervención que puede adoptar el Consejo de Seguridad Nuclear en situaciones de exposición perdurable son las que se enumeran en los artículos 58 y 61 de Real Decreto 783/2021, entre las que no se incluye la de fijar un plazo para llevar a efecto el almacenamiento temporal de una cantidad de metros cúbicos de tierra contaminada. 

Solo queda ahora que el Grupo Ecologista se dirija al Tribunal Europeo de Estrasburgo a poner una reclamación. Previamente tendrá que pedir la nulidad de la sentencia y acudir al Tribunal Constitucional que, por principio, no lo admitirá a trámite, pero que es condición imprescindible para acudir a Estrasburgo.