La Guardia Civil de la Comandancia de Almería instruye diligencias por un supuesto delito contra el medio ambiente relativo a la protección de la flora y fauna silvestre por la desecación del “Humedal de Sotomontes” situado en Matagorda, término municipal de El Ejido (Almería).
En 2020 se tiene conocimiento por primera vez de las obras de desecación del humedal, a través de denuncia presentada por un grupo ecologista, realizándose por parte del Seprona de la comandancia de Almería una inspección en la que se observan movimientos de tierra, ganando terreno al humedal para uso agrícola. Requerida la documentación al promotor de la obra este no posee ningún tipo de documentación que permita los trabajos, existiendo un decreto derivado de un expediente sancionador del área de urbanismo del Ayuntamiento de El Ejido instando a la paralización de los trabajos hasta la resolución del expediente, por lo que los agentes instruyen diligencias por delito contra el orden público (desobediencia) y delito contra el medio ambiente, relativo a la protección de la flora y fauna silvestre.
En 2021 se vuelve a tener conocimiento por denuncia presentada por el mismo grupo ecologista de la continuidad de los trabajos, comprobándose en la inspección realizada por el Seprona que en esta ocasión se están depositando gran cantidad de residuos de todo tipo, incluidos residuos clasificados como peligrosos (envases de fitosanitarios, envases de fertilizantes e insecticidas, plásticos procedentes de la agricultura bajo plástico impregnados de productos químicos, etc…), instruyendo diligencias ampliatorias de las anteriores.
El pasado año se vuelve a presentar una denuncia comprobando en la inspección posterior que el volumen de vertidos ha ido aumentando, requiriendo informe pericial de la Unidad Técnica – Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UT-UCOMA) cuyo resultado certifica una pérdida directa de hábitat para multitud de especies, daños sustanciales en la calidad de las aguas y el suelo afectando a la flora y fauna, generándose una pérdida y degradación del hábitat que pone en riesgo especies protegidas y en peligro de extinción.
Las diligencias instruidas se remiten a la fiscalía provincial de medio ambiente y se realizan tres actas de infracción administrativa en materia de vertidos y residuos.
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