Salemos Mojácar ha pedido la recusación de una de las magistradas del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) encargada de hacer
que se cumpla la descalificación como urbanizable el suelo sobre el
que se levanta el hotel de Azata en El Algarrobico, en Carboneras
(Almería), ya que actuó "junto al abogado del Ayuntamiento"
en el dictado de una sentencia "opuesta" a sus intereses y
en la que se declaró que el paraje era área urbanizable.
El
incidente de recusación, presentado el lunes ante el alto tribunal
andaluz y al que ha tenido acceso Europa Press, solicita que se
acuerde nombrar a un nuevo magistrado ponente para ejecutar el fallo
que obliga al consistorio a calificar El Algarrobico de "especial
protección" y por el que está apercibido desde hace casi un
año con multa coercitiva y denuncia ante el Ministerio Fiscal el
alcalde en funciones de Carboneras, José Luis Amérigo
(PSOE).
Salvemos Mojácar argumenta que la magistrada dictó la
sentencia de la misma sala que, en 2014, estimó un recurso de la
promotora del hotel para concluir que el suelo era zona ´D´ o área
urbanizable de acuerdo al Plan de Ordenación de Recursos Naturales
del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, y remarca que lo hizo
junto a un ex magistrado del TSJA y ahora "letrado del
Ayuntamiento".
Sostiene que la citada sentencia es
"opuesta" a la que ahora está ejecutando como ponente y
que califica El Algarrobico como no urbanizable dado su valor
medioambiental, por lo que su presencia supondría vulnerar su
derecho constitucional a una tutela judicial efectiva.
La
organización conservacionista apunta, asimismo, como causa de
recusación que la magistrada "tiene un interés directo e
indirecto en el pleito" ya que en su día acordó que "los
terrenos eran urbanizables" y dictó una sentencia "contraria"
a sus "intereses".
Concluye, asimismo, para que
la magistrada contra la que presenta el recurso ya tenía un previo
"conocimiento del objeto del pleito" que ahora está
ejecutando como ponente y que, por tanto, "se había formado un
criterio muy concreto".
El Consejo General del Poder
Judicial (GGPJ) ya remitió en abril una queja de Ecologistas en
Acción por "inacción" respecto a la ejecución de las
sentencias firmes sobre El Algarrobico al TSJA, aunque rechazó la
adopción de medidas ya que afectarían a la "función
jurisdiccional" de los magistrados en sus "decisiones
procesales".
El CGPJ limitó su actuación a "poner
en conocimiento" de ambos tribunales la queja y declinó
pronunciarse sobre las referencias del colectivo ecologista a la
"contratación" por parte del Ayuntamiento de Carboneras
para "su defensa" de un ex magistrado del TSJA en
excedencia que fue el que "intervino" en un fallo favorable
al hotel de Azata.
Los últimos hitos en la ejecución de
una de las sentencias referentes al hotel de Azata es que Greenpeace
ha advertido al TSJA de que la desclasificación del suelo que se
aprobó en el pleno de Carboneras el pasado 26 de abril "es
nula", mientras que la sala dio un ultimátum al alcalde bajo el
apercibimiento de multas coercitivas de 700 euros cada 20 días y
denuncia al Ministerio Fiscal por un presunto delito de
desobediencia, si bien los primeros avisos se remontan a julio de
2022.
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