Carboneras tiene diez días para cubrir la secretaría por el Algarrobico

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fijado diez días para que el Ayuntamiento de Carboneras le detalle qué gestiones está realizando para cubrir el puesto de secretaria cuya vacante fue alegada por el alcalde, Salvador Hernández (CS), para pedir que se suspendieran los plazos que le impuso para informar sobre sus gestiones de cara a hacer "no urbanizable" el paraje de El Algarrobico bajo advertencia de posibles multas ante dilaciones "no justificadas".

En su enésima providencia, consultada por Europa Press, el alto tribunal andaluz responde a la petición efectuada por el alcalde y le exige que en un plazo máximo de diez días dé cuenta del régimen de sustitución previsto respecto al puesto de Secretaría en el Consistorio así como sobre las gestiones que se estén llevando a efecto para que tal régimen resulte operativo.

Hernández pidió la suspensión de los plazos que la Sala de lo Contencioso-administrativo acordó para que informara cada diez días de los cambios y actuaciones encaminados a hacer "no urbanizable" los terrenos de El Canillar y El Algarrobico, donde se ubica el hotel de Azata al asegurar que carecía de secretaria para poder efectuar los trámites solicitados.

En concreto, el primer edil carbonero detalló en el documento suscrito durante las pasadas navidades que el puesto de secretaría se encuentra vacante, toda vez que la persona que ejercía sus funciones como secretaria accidental "cesó el pasado 24 de diciembre" sin que aún haya sido cubierto.

"En el momento de incorporación o nombramiento de Secretaria en el Ayuntamiento de Carboneras se pondrá en conocimiento de la Sala", apuntaba el alcalde en su escrito con el que pedía que se paralizaran los plazos al entender que para acatar el contenido de la resolución judicial era preciso contar con esta figura municipal encargada de la función pública.

La Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada ordenó que se librara un oficio "urgente" dirigido al alcalde para que acometa acciones y cambios en el plan general del municipio conforme a las observaciones realizadas por Greenpeace y la Junta de Andalucía, que alegaron al informe técnico municipal remitido el pasado mes de agosto con el que el Ayuntamiento daba por cumplido dicho trámite.

En su resolución, la magistrada María del Mar Jiménez Morera exigía al alcalde que informara "cada diez días" a la Sala de las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a los cambios y actuaciones ordenadas de cara a conformar los sectores ST-1 y ST-2 como no urbanizables.

En este sentido, hacía una advertencia expresa a Hernández de que "de detectarse cualquier dilación no justificada" se procedería a la imposición a su cargo de "multas coercitivas" con la posibilidad incluso de deducir testimonio ante las autoridades judiciales "por si procediera exigirle cualquier tipo la responsabilidad penal".

El tribunal ya advirtió en ocasiones anteriores al alcalde de Carboneras con la imposición de multas personales así como con la posibilidad de acudir a la Fiscalía si no realizaba las acciones necesarias para declarar no urbanizables ambos parajes en base a las sentencias, sin que se llegara a adoptar dicha decisión finalmente.

En este caso, realizaba varias puntualizaciones concretas sobre el ordenamiento que fueron advertidas por la organización ecologista y el Gobierno andaluz, entre ellas, la necesidad de que desaparezca la inclusión de ´El Canillar´ como suelo urbanizable vigente así como varias menciones al respecto.

Asimismo, interesa la "publicación" de la normativa urbanística "corregida" en ejecución de sentencia; una de las principales cuestiones que interesan los demandantes después de que el Ayuntamiento se limitara a llevar el contenido de la sentencia a los instrumentos técnicos del planeamiento sin necesidad de darle publicidad a los cambios en los boletines oficiales correspondientes.