Once años de cárcel para una nigeriana que prostituía a la fuerza a varias compatriotas

Once años de cárcel para una nigeriana que prostituía a la fuerza a varias compatriotas

Europa Press
22:24 • 20 jun. 2012

El Tribunal Supremo ha condenado a once años de cárcel a una mujer de nacionalidad nigeriana que obligaba a compatriotas a ejercer la prostitución en un local ubicado en una zona rural del municipio de Vícar hasta que no abonaban la deuda de 50.000 euros contraída con su organización por traerlas hasta España.


La sentencia desestima el recurso de casación de la defensa de la procesada y confirma la condena como autora de delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, otro relativo a la prostitución y un delito de detención ilegal ya que encerraba en “condiciones infrahumanas” a las víctimas bajo llave en sus habitaciones.


Gracias a una denuncia
La acusada, que fue detenida en una operación de la Guardia Civil gracias a la denuncia que interpuso una de las mujeres, testigo protegida, regentaba un local de alterne en una zona “aislada” de Vícar. Según relató la testigo, fue traslada a España en patera y cuando llegó a territorio nacional fue trasladada hasta el establecimiento. Una vez allí, según considera probado el Tribunal y en primera instancia la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, le dijeron que se tenía que dedicar a la prostitución para pagar la deuda contraída con la mafia de 50.000 euros. Cuando se negó, le amenazaron con hacerle daño a su familia en Nigeria y le golpearon.




En la operación policial que se saldó con el arresto de la acusada, los agentes hallaron seis mujeres en situación irregular encerradas en habitaciones con cerraduras y rejas que se cerraban por fuera. En estas estancias, había unas camas separadas por cortinas bajo las que se escondían otras dos mujeres y dos hombres.


En el domicilio de la procesada, la Guardia Civil, que durante la investigación observo un continuo ir y venir de hombres en ambos inmuebles, liberó a otras 14 víctimas de origen nigeriano y en situación irregular en España.




El Tribunal considera probado que, frente a lo sostenido por ella, quien aseguró que regentaba un locutorio desde el que se dedicaba a ayudar de forma altruista a compatriotas; concertaba con otras personas la introducción ilegal en España de mujeres nigerianas para prostituirlas.





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