Varios miles de viviendas y centenares de promociones vacías en la provincia -aún por determinar- podrían pasar antes de final de año al banco malo (la entidad financiera proyectada en España para limpiar los activos inmobiliarios tóxicos de difícil recuperación). Almería es una de las provincias, junto a Castellón, Alicante y Murcia, que más stock inmobiliario por habitantes acumula. En total, según cálculos de la Asociación de Promotores de Asempal, la cifra fluctúa en torno a las 18.000 casas vacías y, de ellas, unas 5.000 están en manos de los bancos y cajas vía embargos y ejecuciones judiciales por créditos fallidos.
La bolsa de viviendas sin vender en Almería tiene, además, una peculiaridad más: la mayoría fueron concebidas y diseñadas como segunda residencia que hace más dificultosa su comercialización a corto plazo por la ralentización del turismo residencial. Destacan sobre todo promociones, con vitola de tóxicas, en la costa de Roquetas, Vera, Mojácar y también algunas promociones de turismo rural en pueblos del interior de la provincia.
Las entidades que conformarán el capital de este banco malo está aún por determinar así como la participación pública que se precisa. Lo que es seguro es que formarán parte las nacionalizadas Bankia, Catalunya Bank, NovaGaliciaBank y Banco de Valencia.
La primera de ellas, la antigua Caja Madrid, tiene numerosas viviendas sin vender en pueblos de la provincia como Cuevas del Almanzora donde en los últimos meses se denunció una ocupación ilegal de viviendas.
Aún no está clara la participación de otras entidades más saneadas como Santander, BBVA o CaixaBank o la propia Cajamar o Unicaja puesto que han provisionado buena parte de sus inversiones inmobiliarias tras los decretos del ministro Guindos.
Según el escenario previsto por el Ministerio de Economía, el Banco de España y el Banco Central Europeo, las rebajas que asumirán las entidades para tomar participación en el banco malo serán de hasta un 50% en pisos nuevos, un 40% en vivienda usada y más de un 80% del suelo. La mayor dificultad ahora estriba en establecer la valoración para los activos que se traspasen al banco malo.
Todo hace indicar que se tendrá en cuenta el valor establecido en el balance al cierre de 2011.
La idea del Gobierno es que el capital total se sitúe entre los 5.000 y los 6.000 millones de euros de forma que suponga el 10% del total de los recursos para financiar la compra de los activos dañados y de difícil venta.
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