Javier Pajarón
20:48 • 31 oct. 2012
Los frentes abiertos en la Administración de Justicia siguen creciendo. A la controversia sobre la reforma del Código Penal, los ajustes presupuestarios, los recortes salariales a los funcionarios de los juzgados y la financiación de la asistencia jurídica gratuita, se une ahora la puesta en marcha de nuevas tasas judiciales. El Grupo de Abogados Jóvenes de Almería (AJA) convocó ayer una concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia para rechazar unas tasas que, asegura, “limitan y dificultan el acceso a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos”.
El proyecto del Ministerio de Justicia aumenta la cuantía económica para los recursos (segunda instancia) con el objetivo de disuadir a aquellos ciudadanos que buscan prolongar los procedimientos judiciales. La idea cuenta con el beneplácito de los Jueces Decanos de España, que incluyeron esta medida entre sus propuestas en la asamblea celebrada hace un año.
Sin embargo, los letrados consideran que vulnera el derecho de los ciudadanos a defenderse en los tribunales. “Para recurrir una sentencia deberá abonarse una tasa mínima de 500 a 1.200 euros, según tipo de recurso y orden jurisdiccional”, expone el texto informativo difundido ayer. El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) ha remitido una carta al ministro Alberto Ruiz-Gallardón en la que solicita que reconsidera unas cantidades que estima “excesivas”.
Con la tabla de precios presentada por el Ministerio de Justicia, si el número de procedimientos judiciales se mantuviera en niveles de 2011, en la provincia de Almería se recaudarían unos 2,7 millones de euros. La Junta de Andalucía ha considerado la reforma como la introducción de un “copago judicial”. “Tiene un claro afán recaudatorio y que limitará el acceso de la Justicia de los ciudadanos con menos recursos económicos”, añade el Cadeca.
El proyecto del Ministerio de Justicia aumenta la cuantía económica para los recursos (segunda instancia) con el objetivo de disuadir a aquellos ciudadanos que buscan prolongar los procedimientos judiciales. La idea cuenta con el beneplácito de los Jueces Decanos de España, que incluyeron esta medida entre sus propuestas en la asamblea celebrada hace un año.
Sin embargo, los letrados consideran que vulnera el derecho de los ciudadanos a defenderse en los tribunales. “Para recurrir una sentencia deberá abonarse una tasa mínima de 500 a 1.200 euros, según tipo de recurso y orden jurisdiccional”, expone el texto informativo difundido ayer. El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) ha remitido una carta al ministro Alberto Ruiz-Gallardón en la que solicita que reconsidera unas cantidades que estima “excesivas”.
Con la tabla de precios presentada por el Ministerio de Justicia, si el número de procedimientos judiciales se mantuviera en niveles de 2011, en la provincia de Almería se recaudarían unos 2,7 millones de euros. La Junta de Andalucía ha considerado la reforma como la introducción de un “copago judicial”. “Tiene un claro afán recaudatorio y que limitará el acceso de la Justicia de los ciudadanos con menos recursos económicos”, añade el Cadeca.
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