Un centenar de técnicos municipales participan durante dos días en un curso sobre el catastro y la fiscalidad inmobiliaria, organizado por la Diputación Provincial y el Instituto de Derecho Local. En su apertura estuvo ayer el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, el cual animaba a los ayuntamientos de la provincia a aplicar medidas para que los vecinos puedan afrontar mejor el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
El también alcalde de Roquetas de Mar puso como ejemplo de las decisiones que pueden tomar los gobiernos locales las aplicadas en su municipio, como son la revisión de los valores catastrales de los inmuebles, para que sean más acordes con la bajada del precio de mercado de las viviendas; y la bajada en el gravamen que el ayuntamiento aplica a éstos, base por la que se calcula lo que ha de pagar cada propietario de un inmueble urbano.
Gabriel Amat también se mostraba convencido de que en todos los municipios almerienses se aplica el sentido común a la hora de conceder a los vecinos un aplazamiento en el pago de la llamada contribución o su abono en varias mensualidades.
Por su parte, el director del Instituto de Derecho Local, Fernando Fernández Marín, explicaba que “el Catastro supone un elemento fundamental y casi exclusivo para la financiación y el mantenimiento de los entes locales, por lo que en momentos económicos como estos se hace más necesario optimizar la recaudación a través de una mejor gestión descubriendo nuevos inmuebles no dados de alta”.
Después de llevar a cabo la inauguración de las jornadas, el presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat; tuvo la oportunidad de comprobar de forma práctica el funcionamiento del sistema aéreo de detección de inmuebles que utiliza la UTE Tracasa - TCA Geomática-Gestion@ y que ha puesto al servicio de la Diputación de Almería para la gestión del Catastro en la Provincia.
Datos actuales
Según los datos de la Dirección General del Catastro, perteneciente al Ministerio de Economía y Hacienda; hay 42 ayuntamientos almerienses que han revisado la valoración de los bienes inmuebles urbanos de sus municipios entre 2008 y este año, es decir, en los años en los que la crisis se ha hecho protagonista de la vida diaria. Por el contrario, hay 6 ayuntamientos de la provincia que no revisan estos valores catastrales desde el siglo pasado, siendo la valoración más antigua la de Vélez Rubio, la cual se aprobó en 1994.
Por otra parte, entre los gravámenes municipales que se aplican este año al valor catastral de los inmuebles, destacan los 22 ayuntamientos que aplican el mínimo del 0,4 y los siete que superan el 0,8. Roquetas, con el 0,9510, y Sante Fe, con el 0,9; son los más altos, aunque el primero ha aprobado una rebaja de 0,1 para 2013.
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