El Ayuntamiento de Almería aprobó ayer el “copago” del servicio de teleasistencia con el voto contrario tanto de Izquierda Unida como del Partido Socialista aunque con criterios bastante dispares.
La concejal de IU Vanesa Segura, explicaba que ciertamente “la competencia del servicio de teleasistencia es de la Junta de Andalucía”. Afirmaba que las prestaciones las habían ido asumiendo los ayuntamientos y el Estado las financiaba, y que ahora ha dejado de hacerlo por lo que las competencias debe asumirlas la administración autonómica por la ley de dependencia.
Pero eso sí, explicaba que desde la Junta no se puede asumir de golpe porque se hayan retirado las ayudas, por lo que propone “una planificación a dos o tres años para que pase de prestarse por el Ayuntamiento a la Junta, y mientras que sea el Consistorio el que asuma el coste”.
Según los cálculos de Segura, esto supondría el cubrir 70.000 euros de gastos en el servicio por lo que “no me creo que el Ayuntamiento no los tiene, es un esfuerzo que el PP debería hacer”.
Lo que tiene claro la concejal de Izquierda Unida es que, a pesar de que están de acuerdo en las competencias, “el camino para ello no es el mismo”.
Para la concejal socialista Inés Plaza, el motivo de que a partir de ahora los ciudadanos de la capital tengan que pagar entre cuatro y once euros más IVA, según el grado de discapacidad, por el servicio al mes, viene motivado por la ruptura del convenio entre la Federación de Municipios y Provincias, el Estado y el Ayuntamiento que “están todos gobernados por el PP” por los que considera que es “inoperancia de las administraciones en ponerse de acuerdo”.
Reconoce la concejal de Asuntos Sociales, Aranzazu Martín, que lo aprobado ayer supone el “copago” del servicio pero achaca la decisión a ser la única fórmula para mantener la teleasistencia que es “responsabilidad de la Junta”.
Afirma Martín que esta fórmula se va a usar en todos los ayuntamientos populares y explica que el Estado lo que ha hecho es “dejar de financiar a los municipios para que presten este servicio para financiarlo todo en la ley de dependencia” con lo que la responsabilidad es de la Junta.
Asegura que “tan es así, que el Estado en 2013 ha dado a la Junta de Andalucía 43 millones de euros más para la ley de dependencia que en 2012, mientras que la administración autonómica ha bajado en 70 millones”.
Sea como fuere, lo cierto es que a partir de la entrada en vigor de esta nueva ordenanza fiscal que ayer se aprobaba con el voto favorable sólo del equipo de Gobierno municipal, los usuarios del servicio de teleasistencia tendrán que pagar por él.
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