Vivienda de la Junta impide en tres meses 85 desahucios en la provincia

Son más de las deseables las familias que se están encontrando con deudas hipotecarias y órdenes de embargo en la provincia de Almería. Muchas de estas familias están acudiendo a la oficina de intermediación para tratar de impedir la ejecución de los embargos y el desahucio.
En la provincia de Almería, desde el 8 de octubre del pasado año, la oficina del programa andaluz en Defensa de la Vivienda, promovido por la Consejería de Fomento y Vivienda, ha recibido 179 visisitas; de éstas, hay 162 casos con expedientes en tramitación.

107 con orden de desahucio
De estos 162 casos, hay 107 que buscan evitar el desahucio, de los que 85 ya se han dado por resueltos, según la delegada de Vivienda y Transporte, Encarna Caparrós (IU). La oficina de intermediación, en este caso, ha trabajado con personas que ya tienen deuda y riesgo inminente de tener que abandonar su casa. Los otros 22 casos están en negociación con las entidades financieras y escritos al juzgado, apunta Caparrós. “Son casos abiertos con perspectivas de resolución favorable”, como también otros 24 casos en los que se trabaja para conseguir la dación en pago o la renegociación de la hipoteca, y 16 en los que se busca la suspensión de la ejecución del desahucio.
 A lo anterior, hay que sumar que se ha atendido a 47 personas que acuden a la oficina a consultar qué hacer, cuáles son sus posibilidades y si es la dación en pago su salida o pueden reestructurar su deuda; también para saber si tienen derecho a justicia gratuita. Todos estos casos se han remitido a la oficina de intermediación con el Colegio de Abogados.
En lo tocante a los llamados ‘casos de protección’, hay ocho de personas que ya tienen la ejecución hipotecaria y que están pendientes de la fecha en que se hará efectivo el desahucio. “Serían familias que se encontrarían de manera inmediata en exclusión social”, explica la delegada.
Para Caparrós, es importantísima la implicación de toda la sociedad y de todos los sectores y ha citado de manera expresa el papel que están jugando en este asunto algunos jueces que se están negando a dictar órdenes de desalojo.
Encarna Caparrós pide “la paralización de los desahucios como consecuencia de la Ley Hipotecaria y que se facilite el alquiler social para quienes no pueden acceder a una vivienda con unas mensualidades que no superen en ningún caso el 30% de la renta del arrendatario. Para la delegada, están “siendo pioneros, poniendo la política al servicio de los ciudadanos”. “Desde nuestra Consejería pensamos que sí se pueden cambiar las cosas. Muchos ciudadanos son víctimas del abuso de determinadas normas y eso puede cambiarse”, sentenció.