El Tribunal de la UE respalda la decisión de dos jueces almerienses

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea golpea las bases del régimen hipotecario español y anuncia una nueva doctrina jurisdiccional sobre cláusulas abusivas que obligará a modificar el actual sistema de desahucios. El TJUE considera que la normativa española (incluye la Ley de Enjuiciamiento Civil) impide a los jueces parar los desalojos hasta valorar las condiciones a las que se ven sometidas los consumidores. De este modo, el usuario se vería indefenso y las posteriores indemnizaciones serían insuficientes para reparar el efecto del desahucio.

La decisión del TJUE es clave para el sector hipotecario y, como anticipan fuentes del Gobierno, supondrá un giro en la futura Ley Hipotecaria que prepara el Ejecutivo del PP. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se comprometió ayer a corregir de inmediato aquellos aspectos de la legislación aludidos por el tribunal europeo.
Los efectos de la decisión se notarán de inmediato en los órganos judiciales. En Almería, de momento, el TJUE respalda la apuesta de dos magistrados que hace meses se decantaron por esta corriente vanguardista en la paralización de los desahucios (el juez de lo mercantil de Barcelona, José María Fernández Seijo, fue quien acudió al TJUE y abrió esta vía legal).

Ana Fariñas, juez decana de El Ejido y titular del Primera Instancia número Cinco, decidió suspender todos los desalojos de su órgano judicial hasta contar con una solución definitiva de la Justicia europea. Su “valentía” le valió un reciente premio de la Junta de Andalucía.

Por otra parte, el titular del Juzgado de lo Mercantil de Almería, Juan Antonio Lozano (antes también con competencias en Primera Instancia), decidió inaplicar las cláusulas de préstamos que, según la normativa europea sobre la protección de los consumidores, se consideraban abusivas. “Había una mala práctica de las entidades bancarias que, cuando liquidaban el importe de un préstamo personal, aplicaban un interés de demora del 24 por ciento”, explicó Lozano en una entrevista concedida a LA VOZ en noviembre.

Indicadores

Según estadísticas oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante los nueve primeros meses de 2012 se ejecutaron en la provincia de Almería 1.250 desahucios, los mismos que en todo 2011. La proyección a final de año superaría los 1.500, cifra sin precedentes desde que empezara la crisis económica.

Asimismo, crecieron otros indicadores vinculados a los impagos como embargas, reclamaciones de cantidad (procesos monitorios), concursos de acreedores y EREs. Efectos de la crisis económica y de los agujeros de la ley española. La Unión Europea tapa ahora uno de ellos.

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