Jonathan Moya, en prisión preventiva desde diciembre de 2012 por el rapto y muerte de la niña onubense de 16 meses Miriam, ha aceptado este martes una pena de 21 meses de cárcel por acordar con su vecino la compra de una motocicleta por 4.200 euros que nunca llegó a pagar.
Moya González, quien acumula penas en firme que suman cinco años y seis meses de prisión por delitos similares, ha mostrado conformidad en el juicio celebrado ante el Juzgado de lo Penal número 4 después de que el fiscal resolviese modificar el escrito de calificación.
El Ministerio Público ha rebajado la pena de tres años que solicitaba provisionalmente por un delito de estafa con la agravante de reincidencia y el acusado ha aceptado, por lo que se ha dictado sentencia y se ha declarado su firmeza en sala, según han indicado fuentes jurídicas.
El presunto asesino de la niña Miriam cometió los hechos en marzo de 2012. En esa fecha, contactó con uno de sus vecinos en la barriada de El Alquián, en la capital de Almería, y “aparentando una solvencia de la que carecía”, y con intención de “adquirirlos de manera ilícita”, acordó la compra de una motocicleta por 4.200 euros.
El citado precio incluía un traje de motorista, un casco, unas botas, y unos guantes, propiedad de la hija de la víctima, quien le había autorizado para que procediera a su venta. Moya González se hizo con todo el material, pero no lo pagó pese a que “quedaron incorporados a su patrimonio”.
Jonathan Moya, de 25 años, ya aceptó hace un mes otros dos años de cárcel por apropiarse indebidamente de un vehículo, a cuyos propietarios engañó formalizando un supuesto contrato de compraventa por 10.000 euros, y acumulaba entonces dos condenas recientes la compraventa fraudulenta de turismos, siempre con el mismo modo de actuar.
La niña de 16 meses, natural del municipio de Palma del Condado (Huelva), permaneció en paradero desconocido durante ocho días tras ser secuestrada presuntamente por Moya González, de 25 años, quien entonces era pareja sentimental de su madre, Gema Cuerda. El cuerpo sin vida de la víctima fue encontrado el 28 de diciembre en el interior de una balsa de riego ubicada junto a una vía de servicio de la autovía A-92 y a una distancia de apenas unos 500 metros del cortijo familiar donde fue arrestado el principal implicado en los hechos.
Según los datos que trascendieron del informe preliminar de la autopsia, la bebé habría muerto entre “dos y cinco” días antes de que se hallase, aunque el juzgado instructor sigue a la espera de recibir los resultados de las muestras remitidas al Instituto de Toxicología de Sevilla para determinar el momento exacto en el que se produjo la muerte. También reveló que sufría un “traumatismo craneoencefálico y asfixia mecánica”.
Tras el cambio de versión de Moya González, el juez instructor Jesús Miguel Hernández acordó imputar por presunto encubrimiento a una tía paterna de este y decretó la libertad provisional sin fianza para Raúl R.F., quien fue detenido junto a su amigo. No ha podido, sin embargo, abandonar el centro penitenciario provincial de El Acebuche al cumplir condena en firme por maltratar a su novia menor de edad.
La última incorporación a autos fue la de un informe elaborado por los peritos del Instituto Nacional de Toxicología con sede en Sevilla que señala que las muestras tomadas a la ropa que vestía la menor cuando fue encontrada muerta en una balsa de riego revelan presencia de ADN de “procedencia desconocida”y que no corresponde a ninguno de los detenidos en prisión por esta causa.
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