Las peticiones para cambiar la Ley crecen en detrimento del decreto

Las peticiones para cambiar la Ley crecen en detrimento del decreto

Guillermo Mirón
22:13 • 27 may. 2013

Un año y medio después de su aprobación, el optimismo con el que fue abrazado el decreto de regularización de viviendas de la Junta de Andalucía desciende a pasos agigantados y gana detractores entre los ayuntamientos, abogados y afectados por la problemática urbanística.


Los diferentes agentes implicados no esconden su desánimo por esta herramienta que creen insuficiente; sobre todo para salvar las viviendas que ya se encuentran en pleno proceso judicial y que se cuentan por centenares en la provincia de Almería.


Reacciones
No hay signo de sorpresa algunas por la reciente sentencia de la Audiencia de Sevilla en la que se expresa que el decreto “no legaliza las edificaciones surgidas contra el ordenamiento urbanístico”, sino que “no es más que la expresión legislativa del deseo de facilitar un instrumento jurídico a las administraciones con competencia para ordenar situaciones irregulares". Entre los ayuntamientos que acumulan un mayor número de viviendas de este tipo en su término municipal se encuentra el de Albox (PSOE). Este ha sido también uno de los consistorios que ha trabajado con más celeridad con la Junta para resolver los trámites que permitieran el inicio de posibles regularizaciones usando el decreto andaluz.




A pesar de esto, la concejala de Urbanismo de la localidad, Sonia Cerdán, reconoce la dificultad en la que se encuentran “las casas que están en un proceso judicial y en parcelaciones urbanísticas” y apunta a una “modificación” de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) como posible solución. Aún así, puntualiza que “se ha solucionado la situación de muchas más viviendas de las que esperábamos y que recibimos como herencia de anteriores gobiernos”. Otro de los ayuntamientos que acogió con esperanza la publicación del decreto fue el de Cantoria (PP). Ahora su alcalde, Pedro Llamas, hace una valoración “poco positiva” de cómo ha avanzado la regularización de casas con el documento en la mano. Entre otras cosas porque las que tienen “problemas” con la justicia no pueden ampararse en él. “Las que tienen alguna problemática son viviendas con difícil solución, como pasa con el tema de las parcelaciones”, asevera.


Para Llamas, el remedio pasa por “retocar” el documento y “facilitar” las cosas de cara a “contribuir a reactivar el sector”. De no ser así, prevé, el decreto quedará en  “agua de borrajas”. El análisis de uno de los abogados especializados en la materia, Alfredo Najas, no difiere de los anteriores. El letrado es tajante al respecto. “El decreto no resuelve nada con respecto a las situaciones judiciales, que es el problema que hay en Almería”, manifiesta Najas, que también pide un cambio en la LOUA. Además, se pregunta por la utilidad de un decreto que soluciona la situación de quien no tiene problemas judiciales. “Es como una vacuna para gente sana, pero las personas enfermas -casas con problemas judiciales o sentencias de demolición- no se pueden amparar en el decreto”, resume con un ejemplo simple y clarificador.






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