El Tribunal Constitucional (TC) cumple con el primer objetivo del Gobierno central contra el ambicioso decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía y con la sola admisión de recurso firmado por Mariano Rajoy propicia la paralización cautelar de la iniciativa.
El acuerdo, alcanzado ayer por el pleno del TC, deja a tres familias almerienses a las puertas de la expropiación temporal del uso de sus viviendas, ahora en manos de las entidades financieras. Según fuentes oficiales de la Consejería de Fomento y Vivienda, se trata de dos familias de Roquetas de Mar y una de Almería capital.
La consejera Elena Cortés firmó el pasado lunes la aprobación de las solicitudes, las primeras radicadas en la provincia de Almería, y las expropiaciones iban a publicarse hoy mismo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para entrar en vigor. Ahora, el TC obliga a cambiar los planes.
Junto a estas expropiaciones almerienses se iban a publicar otras tres de la provincia de Sevilla. En total, en la comunidad autónoma la Junta ha dado luz verde a doce casos para evitar desahucios desde abril, si bien la Consejería de Fomento y Vivienda cuenta con “cientos de solicitudes de toda Andalucía”, según declaraciones de Elena Cortés a la Cadena Ser.
La paralización del TC afecta a todos los procesos iniciados, ejecutados o en fase de estudio. Así, la consejera acusa a Mariano Rajoy de hacer “un claro abuso de sus prerrogativas”. “El Gobierno no recurre el Decreto Ley en defensa de la Constitución, sino de los intereses de una pequeña élite financiera y para lanzar el mensaje de que no hay alternativa a la política de recorte de derechos sociales y servicios públicos”, añade Elena Cortés.
José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, mostró ayer confianza en una pronta resolución del recurso en el Constitucional. “Espero que pronto se pueda resolver porque tengo confianza en la constitucionalidad del decreto ley”, afirmó.
Por su parte, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, aseguró el miércoles que el Ejecutivo de Rajoy “tiene la mano tendida al diálogo”. Mientras, la vicesecretaria de Territorio del PP andaluz y portavoz de Vivienda en el Parlamento, Alicia Martínez, acusó ayer a Elena Cortés de “hacer propaganda”. “Evidencia que es una estrategia de confrontación y que la aprobación del decreto andaluz se hizo a sabiendas de que podría haber rasgos de inconstitucionalidad y de que la Abogacía del Estado podría presentar un recurso, con el fin de coger la bandera de la propaganda contra Rajoy”.
Desde el inicio de la crisis económica en Almería se han disparado los datos de lanzamientos judiciales y embargos. En los últimos dos años se han superado los mil casos de desahucios, siempre en cifras crecientes. En Andalucía se han producido unos 80.000 desde 2007.
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