La Junta coge la pancarta para defender su decreto antidesahucios

La paralización cautelar del decreto  de la Junta de Andalucía en el Tribunal Constitucional (TC) reaviva la confrontación política y la protesta social. Un centenar de personas se concentraron ayer a las puertas de la sede de la Subdelegación del Gobierno en Almería para mostrar su rechazo al recurso del Ejecutivo de Rajoy, causa de la paralización del decreto autonómico.

Tras las pancartas estaban miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de Izquierda Unida, de los sindicatos y de la propia Junta de Andalucía. La delegada territorial de Fomento y Vivienda, Encarna Caparrós, se sumó a las protestas. “Desde la Junta respondemos a los intereses generales y consideramos que la vivienda es un bien de primera necesidad”, explicó Caparrós.

El decreto autonómico antidesahucios contempla la expropiación temporal del uso de viviendas en manos de las entidades financieras, en casos de personas con escasos recursos. El TC deja a muchas de ellas en situación crítica.

Familias

Según datos oficiales de Fomento y Vivienda, la Oficina de Intermediación Hipotecaria de Almería ha detectado 28 solicitudes en la provincia de familias que cumplen los requisitos exigidos por el decreto ley. 
De ellas, ocho habían iniciado ya los trámites para acogerse a la norma para garantizar la Función Social de la Vivienda. Se trata de una en Mojácar, una en El Ejido, tres en Roquetas de Mar, una en Vera y dos en Almería capital.

Además, tres de estas peticiones se habían materializado ya y, aunque en principio no podrán entrar en vigor, ayer se publicaron en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía como es protocolario. Según el anuncio, los inmuebles pertenecen a entidades  Citifin S.A., Banco de Santander y Gescat Vivendes en Comerializacio (del grupo Caixa Catalunya).

Las casas estan ubicadas en la calle Campoverde de Almería y en la calle Pablo Picasso y en la plaza Itálica de Roquetas de Mar. No obstante, la Junta de Andalucía ha optado por no ofrecer datos personales para proteger la identidad de estas familias. Su situación queda ahora muy comprometida tras la decisión del Constitucional conocida el pasado jueves.

La Junta todavía confía en revertir la situación. Así lo expresó el propio presidente José Antonio Griñán. Sin embargo, en el mejor de los casos para los intereses de la Junta de Andalucía habrá que esperar medio año para un pronuncionamiento desestimatorio del TC.

“Durante estos cinco meses no vamos a parar de movilizarnos porque estamos convencidos que el decreto contra la exclusión social es totalmente constitucional”, anunción ayer Rosalía Martín, coordinadora provincial de IU, a las puertas de la Subdelegación del Gobierno. “Se está cometiendo un grave error,  los desahucios que se realicen en Andalucía a partir de ahora lleva el sello, la cara y la rúbrica de Rajoy”, recalcó.