Diputación busca edificios para alquileres bajos

El presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, anunció ayer en el Pleno que están intentando llegar a un acuerdo con entidades bancarias para disponer de unos edificios para ofrecer alquileres sociales a familias con necesidades a un precio que oscilaría entre los 100 y 125 euros.

Este anuncio lo realizó ayer en el Pleno cuando se debatía la proposición presentada conjuntamente por el PSOE e IU para instar al Gobierno central la retirada del recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto-Ley de la Junta de Andalucía para asegurar la función social de la vivienda y que, finalmente, fue rechazada con los votos del equipo de Gobierno (PP).

La intención de la Diputación, según su presidente, es solucionar los problemas de la gente “que han echado a la calle” y de la que no puede pagar la hipoteca o un alquiler de 400 euros.

Amat señaló que llevan un mes intentando buscar formulas para encontrar estos edificios y ponerlos a disposición de personas que lo necesiten. El presidente de la Institución supramunicipal también indicó ayer que en estas negociaciones se han incluido conversaciones con ayuntamientos de la provincia de Almería.

El responsable de la Diputación de Almería señaló que “eso es gestión y no política”, a la vez que apuntó que no se volverá a mencionar esta iniciativa hasta que no se llegue a un acuerdo.
Por su parte, la oposición defendió ayer la necesidad de solicitar al Gobierno central la retirada del recurso ante el Constitucional para beneficiar así a “muchas familias”.

ROF

La citada proposición suscitó debate y un cruce de declaraciones en la sesión plenaria, pero no fue el único. La modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) de la Institución provincial fue el otro gran punto del Pleno de ayer. Las modificaciones llevan, entre otros aspectos, a suprimir la limitación de 30.000 euros para la concesión de ayudas directas por parte del presidente, “adaptándolas hasta el límite máximo del 10% de los gastos corrientes contemplados en los presupuestos”.

El PP defendió esta propuesta, ya que según explicó el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Aureliano García, emana de una solicitud del secretario general de la Diputación con el fin de adaptar el reglamento a la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Por su parte, tanto PSOE como IU mostraron su oposición a modificar el citado reglamento. El portavoz de Izquierda Unida, Juan Pablo Yakubiuk, solicitó su retirada al creer que parte de la propuesta no estaba “debidamente justificada”, al tiempo que señaló que en realidad tendría que ser una “revisión a la baja” del importe de estas subvenciones directas para aumentar el control.

‘Tarjeta o no de oro’ para subvenciones

Al debatir la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Diputación, la portavoz de PSOE, Esperanza Pérez, criticó que con el cambio el presidente, Gabriel Amat, cuente con una “tarjeta de crédito oro sin límite” y que convierta a los ayuntamientos y entidades que pretenda acceder a las ayudas económicas en “sus lacayos”, ya que va a conceder las mismas “sin más criterio objetivo que su voluntad y restar competencias al pleno”.

Amat respondió tener solo una tarjeta Visa Oro, “que es la mía particular”. “La uso muy poco. Cuando voy a un restaurante pago con mi bolsillo”, apuntó el presidente.

A la espera, el Plan de la Bicicleta

La moción de IU de adherirse al Plan Andaluz de la Bicicleta no se llegó a debatir. El presidente de la Diputación, Gabriel Amat, pidió a Izquierda Unida aplazar este punto para estudiar con más detenimiento esta propuesta en comisión, “que posiblemente sea viable”.