La Junta quiere movilizar las más de 70.000 viviendas vacías de Almería

La Junta se ha propuesto cumplir el mandato constitucional del derecho a una vivienda digna y, con ese objetivo, se acaba de aprobar por parte del Parlamento la nueva Ley de la Función Social de la Vivienda.
Dos objetivos destacan por encima del conjunto de normas que componen este nuevo marco legal, por una parte el empeño del Ejecutivo de evitar los desahucios y por el otro movilizar o hacer aflorar en alquiler el parque residencial desocupado existente en la actualidad.

La delegada de Fomento y Vivienda en Almería, Encarna Caparrós, cifró ayer en más de 70.000 el número de viviendas que permanecen ociosas en la provincia de Almería y aseguró que el objetivo es ponerlas en el mercado del alquiler para dar salida a la demanda existentes por parte de ciudadanos que carecen de residencia.
Y así explicó que sólo en el municipio de Almería capital hay en estos momentos inscritos en registro más de 1.100 demandantes de vivienda en alquiler. Si se suman algunos de los núcleos del entorno de la capital ese número asciende hasta más de tres mil demandantes.
El objetivo en estos casos es poder disponer de viviendas en régimen de alquiler, una parte importante con precios bajos que no deberían superar el 25 por ciento de la renta familiar disponible.
Y para hacer patente esa apuesta por la función social de la vivienda, Caparrós anunciaba que aquellas viviendas protegidas que han sido construidas pero no se han vendido se convertirán en viviendas destinadas a alquileres con precios bajos.
Para la delegada, lo que se busca es dar respuesta a la “situación angustiosa” de muchas familias que no tienen acceso en la actualidad el mercado inmobiliario, una pelea en la que asegura que “no estamos solos, contamos con un fuerte respaldo institucional pero también de una ciudadanía que exige soluciones a estos problemas”.

Por supuesto, una de las líneas de actuación preferente es la lucha contra los desahucios. La demanda ciudadana no para de crecer y sólo en un año la oficina abierta por la Junta en Almería para atender a personas en riesgo de perder su casa ha atendido a alrededor de 500 familias almerienses, algunas de las cuales ya han visto cómo se evitaba la consumación del desahucio.
Encarna Caparrós dice que la nueva ley les otorga herramientas para defender a los ciudadanos de las injusticias cometidas por la banca y permitidas por el Gobierno central, que además recurrió el decreto de vivienda social de la Junta. La delegada asegura que ese recurso no tiene una base jurídica firme “porque hay varios artículos de la Constitución que avalan las normas andaluzas”.