El exalcalde de Cantoriar, Pedro Llamas (PP), seguirá ocupando un puesto en el equipo de Gobierno como concejal del Ayuntamiento. El Pleno extraordinario celebrado el jueves en el que el Partido Socialista, en la oposición, exigió la dimisión del Llamas como concejal tras se condenado por la justicia a 23 meses de inhabilitación para cargo público, no sirvió para que el exregidor abandonara su cargo como edil en la localidad.
El portavoz del Grupo Socialista, Pedro Lizarte, ha asegurado que Pedro Llamas “ha llegado a la desvergüenza absoluta” después de que, durante el pleno “haya dicho claramente que va seguir aferrado al sillón todo el tiempo que pueda”. Para el PSOE, “el colmo” fue la constatación de que el resto de concejales del PP “actúan como sus marionetas, especialmente el actual alcalde, Gaspar Masegosa” y que “después de la celebración plenaria, Llamas se fuera directamente al despacho de alcalde, demostrando que no solo sigue cobrando como tal sino que sigue ejerciendo ese cargo y que su renuncia no fue más que una maniobra con la que tratar de aparentar una dignidad que ni tiene ni se le espera”.
Razones
“No es de extrañar que quiera ser concejal sea como sea cuando cobra 3.568 euros al mes, con dos pagas extraordinarias, lo que le lleva a ganar casi 50.000 euros al año”, ha añadido el portavoz socialista, Pedro Lizarte, quien considera que Llamas “se está creciendo ante esta situación y se cree el amo y señor de Cantoria con el beneplácito del PP provincial” mientras “intenta engañar a la gente haciéndoles creer que somos los socialistas los que le estamos condenando”.
La realidad es bien distinta según ha resaltado el portavoz socialista, que reitera que “ha sido la justicia de este país, de la que se está cachondeando, la que le ha condenado a una pena de 24 meses de cárcel y de 23 de inhabilitación para empleo o cargo público por falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos”.
Los socialistas, que también denuncian haber sufrido descalificaciones durante la sesión plenaria, reclamaron al exregidor popular que renunciara de manera voluntaria a su cargo en el plazo de 10 días o que, de lo contrario, fuera el propio pleno el que declarara la incompatibilidad de su situación y dejara vacante su concejalía como consecuencia de la inhabilitación dictada contra él.
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