La Junta derriba dos casas ilegales por las que Llamas fue condenado

En cuestión de cuarenta minutos dos viviendas unifamiliares situadas en el paraje de Las Terreras (Cantoria) han quedado reducidas a un montón de escombros. Se trata de dos de las cuatro casas por las que ha renunciado a su acta de concejal el exalcalde Pedro Llamas tras ser inhabilitado en firme para cargo público.

Una retroexcavadora y un amplio despliegue policial interrumpieron ayer al mediodía la tranquilidad que habitualmente reina en esta  zona del término municipal cantoriano. La ausencia de los propietarios -los vecinos aseguran que llevan casi un lustro sin visitar estas propiedades- evitó que el drama en el que se ha convertido la problemática urbanística en la provincia lo fuera aún más. Fuentes de la Junta aseguran, en cambio, que la demolición se ejecutó tras alcanzar un acuerdo con los propietarios, a los que dio un plazo de dos meses para abandonar la casa.

Sentencia

La sentencia a la que se ha dado cumplimiento este lunes estipulaba que los propietarios de las casas debían ser indemnizados por el promotor, F.P.M., condenado a cárcel y quien deberá correr también con los gastos de la demolición.

Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento así como de la asociación Abusos Urbanística Almanzora No (AUAN) dudan de la solvencia del constructor para hacer frente a tales obligaciones.
Estas construcciones forman parte de un conjunto de cuatro casas levantadas en suelo no urbanizable y sin licencia municipal en 2004. La Fiscalía había pedido en el proceso judicial sobre estas viviendas la demolición de las mismas.

Sin aviso

“Ha sido la Junta de Andalucía quien ha pedido la autorización para proceder a la demolición”, han lamentado fuentes del Ayuntamiento de Cantoria, asegurando a su vez que no tenían “constancia alguna” de que se iba a proceder a la demolición. Según las mismas fuentes municipales “los propietarios -que volvieron tiempo atrás a residir en Inglaterra, su país de origen- tampoco tenían conocimiento” de este hecho.

“Hay un fallo judicial en el que se pide su demolición”, reconocen desde la Administración local, pero “como en la provincia de Almería hay decenas de viviendas en esta misma situación, nunca se ha pensado que ocurriría con tanta urgencia”. De igual modo, desde el Consistorio cantoriano manifiestan que “no consta” que se haya presentado “proyecto de demolición ni petición alguna para la misma”. De hecho, el Ayuntamiento estaría “valorando los hechos por si la actuación de la Junta de Andalucía excediese lo legalmente establecido en este aspecto”.

Denuncia

En agosto de 2004, la Junta abrió un expediente sancionador contra el constructor a raíz de una denuncia del Seprona por el desmonte de los terrenos sin autorización y que terminó con la imposición de multa y la obligación de reponer el medio a su estado anterior. La orden fue desobedecida y se construyeron cuatro edificaciones residenciales en suelo no urbanizable de carácter rural sin licencia municipal, por lo que se inició otro expediente administrativo.

La actuación responde a la petición de ejecución forzosa realizada por la Junta andaluza el pasado mes de agosto. Asimismo, desde la Administración andaluza han adelantado que las otras dos viviendas, abandonadas por sus propietarios después de que años atrás se les cortara el suministro de luz y agua, también serán demolidas.