Sindicatos piden la derogación del decreto de la nueva oficina judicial

Dirigentes de CCOO y altos cargos de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía han mantenido una reunión en la que los representantes sindicales han solicitado la paralización de las experiencias piloto de El Ejido, Vélez-Málaga y la Fiscalía de Sevilla hasta que no queden definitivamente aprobadas o descartadas las reformas anunciadas por el Ministerio de Justicia, que pretenden eliminar los partidos judiciales, quitar los registros civiles de los juzgados, entregar los actos de comunicación y de ejecución a los procuradores y asignar la instrucción de las causas penales a los Fiscales.

“En el modelo de oficina que plantea la Junta de Andalucía, el personal funcionario de Justicia estaría integrado en amplios centros de trabajo (Unidades Procesales de Apoyo Directo a los Jueces o Servicios Comunes), en los que las funciones y los funcionarios de cada puesto de trabajo se asignarían por los secretarios y no estarían previamente definidos”, ha detallado el sindicato en una nota de prensa.

Frente a ello, CCOO propone la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo negociada, que permita identificar a cada trabajador en un puesto de trabajo concreto que tendría predeterminadas sus funciones y sus retribuciones complementarias, a imagen y semejanza de las administraciones organizadas de manera eficiente.

Coste

“Sin embargo, la Consejería, con la excusa de la previa intervención de Hacienda, aún sin que las demandas del sindicato supongan coste alguno, se niega a pactar unas mínimas garantías para los trabajadores de justicia y para el buen funcionamiento del servicio público”, ha señalado.

“La Junta ha aceptado siquiera la exigencia de CCOO de asumir un compromiso de que la reforma de las oficinas judiciales y fiscales no supondrá reducciones de plantilla ni rebajas salariales y que no se producirán procesos de movilidad geográfica forzosa”, ha apuntado CCOO.

STAJ

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha presentado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anuncio de interposición de recurso contencioso-administrativo contra el Decreto de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal.

El STAJ considera que el Decreto de Nueva Oficina Judicial y Fiscal de Andalucía vulnera el derecho a la negociación colectiva como parte integrante del derecho fundamental a la libertad sindical, por haberse publicado obviando en la tramitación del indicado decreto la negociación con las organizaciones sindicales en el seno de la mesa sectorial de Justicia de Andalucía.

“Incide directa e indirectamente en las condiciones de trabajo de los funcionarios y supone una alteración sustancial de las mismas”.