Juzgan hoy a un viceconsejero por frenar un hotel en Cabo de Gata term solut

El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería acoge hoy lunes la vista oral contra el exviceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía Juan Jesús Jiménez a quien se acusa de presunta prevaricación por ordenar la paralización en junio de 2010 de los trabajos previos para construir un hotel de 50 habitaciones en el paraje Campillo de Gata, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), justo debajo de la serrata del Cabo con su reconocida figura, símbolo de Almería en medio mundo. Si Almería tiene un símbolo aparte del Indalo que atraiga a miles de turistas ese es el nombre Cabo de Gata y aunque estrictamente no lo sea, es el triple pico de la serrata el que mejor simboliza este atractivo natural en medio mundo. Desde Poniente o llegando desde Levante cuando se pasa Níjar por la autovía, la serrata del Cabo de Gata se impone con toda su pura belleza. Un hotel en su ladera destrozaría para siempre el mayor de los patrimonios de Almería, pero Jiménez se sentará en el banquillo junto al exsecretario general de la Delegación de Medio Ambiente Augusto Ignacio Segura,precisamente por proteger esta imagen, junto a las salinas.

Para ellos, la acusación particular ejercida por la mercantil Círculo Agroambiental interesa penas de siete y de diez años de inhabilitación respectivamente. El Ministerio Público pidió el sobreseimiento de las actuaciones aunque el Juzgado de Instrucción número 2 ordenó  juicio oral.

¿Prevaricación?   El citado auto les imputa la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa tipificada en el artículo 404 del Código Penal. La acusación particular pide para el ex alto cargo la mínima de inhabilitación especial para empleo o cargo público prevista para esta conducta ya que, según subraya, firmó dos resoluciones, una contra los trabajos de desmonte en la zona, y otra para incoar expediente sancionador.  La causa fue incoada a raíz de la querella interpuesta por la mercantil, a la que el Tribunal Supremo (TS) dio la razón en una sentencia dictada en mayo de 2010.