El exalcalde de Partaloa se enfrenta este viernes a 9 años de cárcel por 13 casas en no urbanizable

El exalcalde de Partaloa y actual concejal del PSOE, Federico Molina, se enfrenta en una vista oral señalada para este viernes a penas de nueve años de prisión y otros nueve años de inhabilitación especial por autorizar y favorecer presuntamente la construcción en 2006 de 13 viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable por parte de una mercantil cuyo administración también está encausado.

Molina, en el equipo de gobierno ya que en el municipio existe un pacto PP-PSOE por el se abrió expediente de expulsión por parte de la dirección regional de los socialistas andaluces, está acusado de seis delitos contra la ordenación del territorio del artículo 320.2 del Código Penal.

Dos de ellos son por omisión, ya que, a la vista de que informes jurídicos eran desfavorables, habría decidido resolver "mediante silencio administrativo" una de las dos licencias de segregación que solicitó la promotora Lakes Vega SL, así como la licencia de obras para seis de estas viviendas, según la Fiscalía.

El exregidor será enjuiciado en el Juzgado de lo Penal 3 de Almería  junto al empresario Francisco Javier F.D.P.L., quien llegó a vender viviendas a ciudadanos extranjeros, en su mayoría ciudadanos de Bélgica, y el arquitecto técnico Emilio G.R., a quien el Ayuntamiento contrató para la emisión de informes técnicos "pese a que existía un convenio suscrito por esa corporación con la Diputación" para que "fueran emitidos por el Servicio de Cooperación Local".

El escrito del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press, indica que, en 2006, la mercantil Lakes Vega SL decidió promover la construcción de 13 viviendas unifamiliares en la parcela número 23 del polígono número "en suelo calificado como no urbanizable".

Pese a "saber que no podían ser concedidas al ser contrarias a la legislación", Francisco Javier F.D.P.L., como representante legal de esta mercantil, solicitó al Ayuntamiento de Partaloa "dos licencias de segregación y cuatro de obras", que le fueron concedidas por diferentes vías, e inició la construcción "contrariando la legislación ya que era conocedor de que las licencias eran nulas de pleno".

El Ministerio Público divide la actuación de Federico Molina en tres partes. Por un lado, le acusa de conceder el mismo día, el 1 de marzo de 2006, una licencia de segregación de cinco subparcelas de 516 y 650 metros cuadrados y dos licencias de obras para la construcción de sendas viviendas unifamiliares en dos de estas subparcelas.

Le acusa además de hacerlo sin que en el expediente administrativo "se hubiera emitido el preceptivo informe jurídico", por lo que "prescindió absolutamente del procedimiento establecido, con conocimiento de que el suelo era no urbanizable y no debían autorizarse" ninguna de estas licencias.

En los tres casos, según concreta el escrito, el acusado Emilio G.R. emitió informes técnicos favorables "considerando el suelo como urbano a pesar de saber que el suelo era no urbanizable y en uno de los casos de licencia de obras, lo habría realizado en "octubre de 2005, cuando aún no había sido autorizada la segregación de la subparcela".

En una segunda fase, en mayo y junio de 2006, el exregidor concedió licencia de obras para cinco viviendas en cinco subparcelas "tres de las cuales aún no habían sido segregadas" y otra licencia de segregación aunque, en este caso, "sí se emitió informe jurídico por el secretario del Ayuntamiento en el que se afirmaba que no queda acreditado suficientemente que el suel