Suspendido el juicio contra el ex alcalde de Partaloa por autorizar supuestas viviendas ilegales

La vista oral prevista para este viernes en la que el exalcalde de Partaloa (Almería) y actual concejal del PSOE, Federico Molina, se enfrentaba a penas de nueve años de prisión y otros nueve años de inhabilitación especial por autorizar y favorecer presuntamente la construcción en 2006 de 13 viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable ha quedado finalmente suspendida debido a que el procedimiento no había sido notificado a una de las partes acusadas.

La juez del Juzgado de lo Penal número 3 de Almería ha decidido suspender el juicio después de que, en el transcurso de las cuestiones previas, las defensas indicaran que el procedimiento no había sido notificado procesalmente a la mercantil Lakes Vega S.L., sociedad que promovió la construcción de 13 viviendas unifamiliares en la parcela número 23 del polígono número "en suelo calificado como no urbanizable", según recoge la Fiscalía en su escrito de calificación.

Según ha explicado a los medios el abogado defensor del representante de la mercantil Francisco Javier F.D.P.L., el letrado Vicente Fernández, ya en 2010 "se advirtió" al juzgado instructor de que la empresa no había sido citada en la causa aunque "la han tenido por citada erróneamente a través de un procurador que nunca se personó" en nombre de la sociedad mercantil, sino que actuaba en nombre del apoderado de la misma.

La jornada también ha permitido contemplar la personación de un matrimonio afectado por la compra de una de las viviendas, el cual había quedado excluido del procedimiento y a los que la juez ha concedido un plazo de cinco días para presentar su escrito, según ha indicado a Europa Press el abogado defensor de la pareja Ignacio Pellicer, del despacho Davies Solicitors.

En este sentido, el letrado a indicado que va a solicitar el archivo de las actuaciones al no apreciar delito alguno, si bien pedirá de manera subsidiaria, en caso de que se estime la acusación, una indemnización en concepto de responsabilidad civil a tenor del valor de la vivienda más los daños morales que se puedan ocasionar ante un posible derribo de la misma, puesto que sus defendidos actuaron como "compradores de buena fé". En este sentido, interesará la participación en la causa de otros compradores afectados en caso de que no se les haya notificado.


Defender la demografía El exregidor, que está acusado de seis delitos contra la ordenación del territorio del artículo 320.2 del Código Penal, ha defendido la actuación que llevó a cabo y que permitió la edificación de viviendas, puesto que según ha defendido las construcciones se realizaron en "suelo urbano" y con el "afán de que la gente no se fuera del pueblo", según ha indicado ante los medios de comunicación. Dos de los delitos por los que se le acusa son por omisión, ya que, a la vista de que informes jurídicos eran desfavorables, habría decidido resolver "mediante silencio administrativo" una de las dos licencias de segregación que solicitó la promotora Lakes Vega SL, así como la licencia de obras para seis de estas viviendas, según la Fiscalía.

Junto al exregidor, que forma parte del actual equipo de gobierno debido a un pacto entre PP-PSOE por el que se le abrió un expediente de expulsión, también ha sido imputado el empresario Francisco Javier F.D.P.L., quien llegó a vender viviendas a ciudadanos extranjeros, en su mayoría ciudadanos de Bélgica, y el arquitecto técnico Emilio G.R., a quien el Ayuntamiento contrató para la emisión de informes té